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«Cuba avanza en su apertura económica con nuevas normas para el sector privado», así informó el portal de noticias EFE las recientes reformas laborales anunciadas por el régimen cubano.
A primera vista es halagador. Pero luego de analizar las propuestas del régimen, empiezan a repercutir voces de disenso.
«Hasta las sillas quieren controlar», exclama en respuesta la activista exiliada Liu Santiesteban en el programa que conduce en redes sociales, Despierta Cuba. Puesto que la normativa rige que el límite establecido es de 50 capacidades; salvo los servicios gastronómicos que se brindan en el Barrio Chino.
Santiesteban explica que el régimen busca «aplastar la iniciativa privada para que vuelvan los españoles», «a tener garantías con sus 42 hoteles de Meliá».
Es que la reforma actual afecta a las personas que alquilan habitaciones para turistas. Al regular su actividad impiden la generación de ingresos adicionales, como ofrecer comida a huéspedes en su propia casa, pues solo se puede ejercer un oficio a la vez y solo se entrega una licencia por núcleo familiar. Entonces, si un integrante de la familia tiene un negocio de un tipo, un familiar cercano no puede tener otro negocio.
Es decir, reduce la ya limitada oportunidad de los cubanos de ser parte de una industria manejada por los militares y abierta a cadenas multinacionales, como es el turismo.
Lo mismo aplica para los conductores, como los taxistas, quienes se ven obligados a adherirse al Estado por medio de una cooperativa, o tendrán que comprar combustible en CUC, la moneda que usan los turistas. Si se adhieren, en cambio, pagan en peso cubano.
En síntesis, «el sector privado» beneficiado no es la sociedad civil, en contraste al sector público (el Estado) sino la élite vinculada el Gobierno y sus financistas internacionales.
A través del diario oficial del régimen cubano, Granma, se anunció el «perfeccionamiento de la gestión del trabajo por cuenta propia«. Es decir, lo que en otras partes del mundo hispano se llaman emprendedores serán más regulados de lo que ya están.
Al punto que dejarán de ser dueños de sus negocios para pasar a ser trabajadores. Por lo tanto, el fin de la incipiente burguesía a favor de la dictadura del proletariado como anunciaba Marx.
La reforma está compuesta por cinco decretos leyes y un decreto, además de 14 resoluciones complementarias. O sea, no están sujetas a voto y no existe derecho a réplica, sino que se efectúan por imposición.
El texto indica que «las nuevas disposiciones pretenden corregir lo mal hecho y seguir impulsando este modelo de gestión en el marco de la legalidad».
La política actual establece que no se otorga más de una licencia. Es decir, si se dedica un cubano a un rubro, no se puede dedicar a otro.
El texto de Granma afirma que la disposición «podría resultar poco flexible para algunos, teniendo en cuenta que antes se podían obtener varias licencias», agrega, «en virtud de lo legislado se otorgarán autorizaciones para ejercer solo una de las actividades aprobadas».
No obstante, la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, insiste que es preciso considerar que «no se elimina ninguna actividad y a partir de su reagrupación es posible incrementar los servicios. Además, existen labores que por su naturaleza no pueden ejecutarse en el mismo espacio de tiempo».
No obstante, la reforma dispone que no se otorgarán nuevas autorizaciones para las siguientes actividades:
- Vendedor mayorista y minorista de productos agropecuarios.
- Operador de equipos de recreación (para equipos rústicos).
- Carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria.
- Comprador vendedor de discos.
«Los TCP (Trabajadores por Cuenta Propia) deben ejercer cotidianamente la actividad para la cual están autorizados. No se trata de un dueño con varios negocios, pues ello se aleja de los principios que sustentan la política aprobada», exalta la viceministra.
Por ejemplo, si quieren vender alcohol, necesitan una licencia para operar un bar. Dentro del bar no se puede vender comida, porque eso requiere una licencia de expendio de alimentos.
El texto de Granma indica que «para ese grupo (9 657 TCP), la norma dispone de un plazo de hasta 90 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del Reglamento, para que acudan ante la entidad que emitió la autorización, a los efectos de realizar las modificaciones correspondientes y elegir con cuál licencia continuarán y cuál cancelarán».
Así, establece que se otorgará autorización para ejercer en un mismo domicilio legal solo una de las actividades siguientes: servicio gastronómico en restaurante, servicio gastronómico en cafetería, servicio de bar y recreación.
Lejos del ideal romántico que siembran los defensores del proyecto socialista en Cuba, las medidas no benefician al pueblo, sino a quien está en el poder y se enriquece con capital extranjero, a expensas del empobrecimiento generalizado.
Por eso, desde el exilio rechan las medidas, pues las consideran como «guerra comercial contra el pueblo cubano», ya que esto hace parte de una sistematización de la pobreza. «Nos quieren pobres. Los únicos que pueden ser ricos son ellos», exalta Santiesteban.
«Díaz Canel, quiero informarte que hay un exilio, un activismo, que no vas a poder controlar», concluye la opositora de la dictadura cubana.
