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Abuso sexual es la denuncia presentada por parte de una actriz argentina ante la justicia nicaragüense en medio de una crisis sociopolítica que ha resultado en más de 1 millón de exiliados, alrededor de 500 muertos e incontables detenidos, torturados y desaparecidos por protestar contra el régimen de Daniel Ortega.
El caso consiste de una denuncia por violación contra el actor argentino Juan Darthés por parte de la actriz argentina Thelma Fardín presentada ante la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.
El incidente que habría ocurrido hace 9 años en Nicaragua -país con el antecedente que su actual presidente fue denunciado por violación y quedó impune-, convocó solidaridad de la causa feminista y desató la versión argentina, país de origen de los implicados, del #MeToo de Hollywood bajo la consigna #MiraComoNosPonemos.
Poco después de la decisión del Senado contra la despenalización del aborto en Argentina, el caso Fardín-Darthés se ha vuelto un emblema para retomar el debate. Como si el supuesto abuso contra una mujer fuese justificativo para darle la potestad de decidir si sus hijos viven o mueren. Pues la narrativa es que daría a las mujeres control sobre su cuerpo, aunque esto le cueste la vida a un tercero y remueva por completo al padre de la ecuación.
"Esto recién empieza y confiamos en la actuación de la fiscalía" Sabrina Cartabia @MissOprostol, abogada de Thelma Fardín, con @romanlejtman16 en #PonéPrimera por https://t.co/E9pDkaImMd pic.twitter.com/Ax2pVYFlAq
— Radio Nacional AM870 (@NacionalAM870) December 13, 2018
Cabe resaltar que la abogada de la parte acusadora se describe a sí misma como «abogada feminista, antirrepresiva, militante por el acceso al aborto». Asimismo, adoptó como pseudónimo «Miss Oprostol», un juego de palabras que alude al medicamento utilizado para expulsar embriones «misoprostol».
En vista que el supuesto hecho sucedió hace tanto tiempo, no existen pruebas físicas. Entonces la abogada afirma que «nuestra prueba troncal es el testimonio de ella».
Actualmente, en Nicaragua, la principal referente de la causa feminista, Ana Quirós, fue deportada a su país natal (Costa Rica), pese a ser ciudadana nicaragüense y toda ONG que se atreve a denunciar atropellos del régimen o bien visibilizarlos con cifras, ha sido clausurada e incluso expropiada por el régimen.
Parlamento nicaragüense clausura ONGs que denuncian atropellos https://t.co/zak7QxJOCL Por @MamelaFialloFlo #13Dic
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) December 13, 2018
En una entrevista exclusiva para PanAm Post, José Pallais, abogado, ex vice ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y ex presidente de la Comision de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde le correspondió impulsar la ley contra la violencia hacia la mujer, explica el estado actual de la justicia en ese país centroemericano.
En medio de la crisis que atraviesa Nicaragua, ¿hacer una denuncia penal demuestra desapego de la realidad sociopolítica local?
Para un nicaragüense, el realizar una denuncia penal en el contexto actual podría significar que se encuentra desconectado de la realidad, pero para un extranjero es difícil entender que el sistema judicial nicaragüense no ofrece ninguna garantía y que se encuentra totalmente manipulado.
¿Cómo está operando la justicia actualmente, existe separación de poderes?
La justicia está totalmente politizada, no existe separación de poderes, se encuentra sometida totalmente a la voluntad y a los intereses políticos del presidente y la vice presidenta, tramitar o no un caso depende de la voluntad política de los mismos, y actualmente las prioridades del sistema son enjuiciar y condenar a los opositores que han participado en las protestas contra el régimen.
En vista que el caso sucedió hace mucho, ¿prescribió o es posible que tenga rigor, en ese caso qué exige la fiscalía para demostrarlo?
Aunque el caso no haya prescrito, al haber transcurrido tanto tiempo, el probarlo se hace más complejo, el examen médico forense se vuelve irrelevante y la posibilidad de probarlo recaería fundamentalmente sobre los posibles testigos, con las dificultades que esto presenta.
¿Qué riesgo corre la justicia si se termina con la presunción de inocencia?
La presunción de inocencia no se respeta en Nicaragua, ni el debido proceso, la apertura de cualquier caso es una decisión política que dependerá si el régimen considera que conviene o no a sus intereses, en un contexto en que la fiscalía y los jueces están avocados a condenar a más de 600 presos políticos.
¿Cómo pone en peligro la veracidad del reclamo de una víctima que haya sentencias emitidas socialmente antes que penalmente?
Desde luego que la condena social previa es un problema para una sana aplicación de justicia, y más cuando existen poderosas organizaciones que presionan por el castigo de los delitos de orden sexual, lo cual no es el caso en Nicaragua, donde el Gobierno ha estado enfrentado a los grupos feministas y ha venido desmontando todos los avances que, en el pasado se lograron para dotar al país de una legislación apropiada contra la violencia de género, y más aún cuando el gobernante ha sido denunciado por delitos de violación, quedando impune.
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