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Nicaragua no tiene crecimiento económico. Al contrario, tiene un margen negativo desde que se desataron las manifestaciones civiles contra el régimen, denominadas la Rebelión de Abril (del 2018). Antes de la represión desatada contra los manifestantes, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) pronosticó un crecimiento sostenido de 4.9% para el trienio 2017 – 2019. Ahora, calcula entre -5.4% y -6.8% para el 2019. De modo que la correlación entre la inestabilidad política y económica es evidente en cifras.
“El deterioro socioeconómico no puede revertirse con medidas económicas, porque su origen radica en la crisis política y de derechos humanos”, asegura FUNIDES.
Y es que ya hay alrededor de 600 civiles asesinados por la policía, paramilitares sandinistas y -según denuncian familiares- represores enviados desde Cuba para respaldar al régimen Ortega-Murillo.
Pero el régimen reconoce solo la tercera parte de las víctimas fatales, los cuales anuncia son en su mayoría policías caídos en el servicio, por presuntamente resistir un golpe de Estado orquestado desde Washington.
Para sostener ese relato, Ortega expulsó a los organismos internacionales de Derechos Humanos por visibilizar los atropellos del régimen. Entre ellos estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también nombrado por la OEA.
Actualizamos la cifra de personas fallecidas en el contexto de los hechos acaecidos en #Nicaragua desde el 18 de abril pasado a 322 personas. Las cifras aportadas por el Estado son inconsistentes. Lee el nuevo comunicado de @CIDH y #MESENI aquí: https://t.co/xTYWiLiC3V
— CIDH – IACHR (@CIDH) August 24, 2018
La CIDH reporta que las cifras provistas por el régimen aparecen en un texto publicado por ellos, indicando que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”, mientras que 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas”. Es decir, el régimen muestra a los asesinados por represión como víctimas de delitos comunes.
De hecho, el miércoles 17 de julio un informe policial publicó como «legítima defensa» el asesinato de Bryan Murillo, un joven de la localidad de León, al que las fuerzas del régimen acusaron de haber portado un machete; pero los testigos alegan que estaba desarmado, y la familia sostiene que su muerte fue consecuencia de su participación en las protestas civiles contra el gobierno.
Dos días después, Daniel Ortega anunció que no habría elecciones hasta dentro de dos años. En respuesta, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirma que «con cerrarle la puerta a la negocación, al régimen sólo le quedaría la opción de aislar a Nicaragua del mundo y el recrudecimiento de la crisis social y económica».
Agregan que «con alargar el proceso hasta el 2021, sólo aumentaría la crisis económica y los efectos devastadores para la ciudadanía».
Por tanto, los expertos afirman que la solución no consiste en reformas económicas que pueda aportar el gobierno, dado que el problema es el régimen y la resistencia que produce.
A mediados de julio del 2019 FUNIDES publicó el informe “Nicaragua en Crisis Política y Socioeconómica”, donde indica que Nicaragua sufre «estrés financiero». Sostiene que la presión que viven los comerciantes, entre los saqueos, las trabas a las importaciones y los arrestos masivos, ha reducido tanto el comercio que el Estado solo podrá recaudar 92 millones de dólares, menos de la tercera parte de los 300 millones que espera lograr a través de una reforma tributaria.
https://www.facebook.com/canal10nicaragua/videos/376865136498152/
Aunque las cifras no son tan desalentadoras como se creía, «vamos rumbo a una depresión»
Si bien FUNIDES anunció que el crecimiento es superior al que habían pronosticado, advierten que “vamos rumbo a una depresión: ¡eso no cambia!”.
Aunque los números publicados representan una mejora, sigue en aumento el número de despidos a la par de las personas que caen en la pobreza, lo cual a su vez repercute en la baja recaudación de impuestos que agrava el déficit fiscal, así como del del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Desempleo y pobreza
FUNIDES alerta que el desempleo pasará del 5,5% hasta el 7,4% en el 2019.
Es decir, el número de desempleados pasaría de entre 49 000 y 61 000 nicaragüenses a entre 227 000 y 239 000.
Con la caída del empleo llega el desplome del PIB per cápita. Al ritmo que va, iría de 2165 dólares por persona en el 2018 (donde cayó a -6,2%) a 1866 dólares en el 2019.
Al final del 2019, la pobreza habrá alcanzado al 29,8% de los nicaragüenses. De acuerdo a FUNIDES, afectaba al 20.1% de los habitantes en el 2017. A raíz de la crisis que desataron las protestas del 2018, subió al 23.8% en 2018 y ahora sigue en aumento.
Pese al diagnóstico desalentador, FUNIDES informa que Nicaragua sí mejoró en sus previsiones de crecimiento económico para 2019, plantea que la confianza de consumidores, empresas e inversionistas, así como la seguridad ciudadana y la cohesión social, podrá restablecerse.
Asegura que para lograrlo es necesario que haya acuerdos políticos que aseguren el restablecimiento de las libertades y el impulso de reformas para el establecimiento de la democracia, que marquen un cambio en el rumbo de Nicaragua.
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