«La Constitución de Pinochet prácticamente ya no existe»

Los manifestantes de izquierda en Chile exigen una Constitución con "derechos sociales garantizados", o sea servicios subsidiados por el Estado

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Exigen una nueva Constitución con «derechos sociales», alegando que la Constistución no ha cambiado desde Pinochet; la evidencia dice lo contrario. (EFE)

Las protestas en Chile comenzaron aparentemente como un reclamo contra el aumento del precio del transporte. Luego se sumaron quejas por el elevado costo de vida y desencadenó en la exigencia de una nueva Constitución «que garantice derechos sociales», financiados desde el Estado, alegando que el problema «es la Constitución de Pinochet».

Durante los 17 años del Gobierno Militar, Chile enfrentó al socialismo, políticamente y también por las armas. En la economía, implicó un proceso de privatizaciones. En lo legislativo, la instauración de una nueva Constitución, la de 1980.

Frente a esto, el Abogado, Analista Legislativo y Director del Área de Formación de Fundación Cuide Chile, Camilo Cammás Brangier, sostiene que «la Constitución de Pinochet prácticamente ya no existe», pues durante los Gobiernos siguientes fueron muchas las modificaciones que se le hicieron al texto.

Advierte para PanAm Post que se ha tratado de instalar en el ideario común que, para un cambio de sistema, se requiere necesariamente una nueva Constitución, lo cual no es así. Es solamente una excusa para instalar una constitución hecha a la medida de un sector político. Basta con iniciativas legales y buenas políticas públicas para solucionar gran parte de los problemas que hoy afectan a las personas.

¿Puede explicar los cambios desde el Gobierno de Pinochet?

Desde luego, numerosos cambios hubo desde que entró en vigencia, —incluso el año 1989—, antes del cambio mediante un acuerdo entre el Gobierno militar y la oposición, por medio de la Ley 18825 (aprobada ese mismo año en plebiscito). Fueron 54 reformas cuyos objetivos eran sustituir el procedimiento de reforma de la Constitución, afirmar el pluralismo político, fortalecer los derechos constitucionales, morigerar los estados de excepción y robustecer el principio democrático y participativo del sistema.

Debe mencionarse que con las reformas de 2005 desapareció la firma de Augusto Pinochet, siendo reemplazada por la de Ricardo Lagos, quien dijo: «Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile… Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional”.

Varias reformas de distinta naturaleza fueron dictadas a lo largo de los siguientes gobiernos, específicamente en los años 1991, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003 y 2005, siendo las más importantes estás últimas, efectuadas durante el Gobierno de Ricardo Lagos.

En efecto, durante estas reformas se eliminan lo que ellos (la izquierda) llamaban “enclaves autoritarios”, es decir, se eliminan los senadores designados y vitalicios; se permite la remoción de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, pues antes tenían una inamovilidad relativa y se modifica la naturaleza del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras reformas.

Posteriormente, en los diferentes Gobiernos de Bachelet y Piñera, la Constitución siguió reformándose. Resulta muy extenso para detallarlo, pero se podría decir que la Constitución de Pinochet, prácticamente, ya no existe.

¿Por qué es ideológicamente útil esa consigna?

Porque al decir que es la “constitución de Pinochet” y que “fue hecha en dictadura” se crea un pretexto para exigir su cambio, por una “constitución democrática”. A mi juicio, lo que realmente debería importar es el contenido del nuevo texto, pues no servirá de mucho que sea “democrática” si finalmente tiene un impacto negativo en la estabilidad del país y en la vida de las personas.

La izquierda quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano, cuando hicieron la constitución del 2005. Debe entenderse que ellos avanzan mediante ensayo y error. Ven hasta dónde se puede llegar y luego se detienen momentáneamente, hasta que las condiciones estén dadas para seguir avanzando. Es lo que creo que pasó con el cambio de 2005, que fue una antesala para el proceso iniciado por Bachelet durante su segundo mandato.

¿Qué clase de Constitución buscan los manifestantes?

Los manifestantes buscan instalar una al estilo de la Constitución Bolivariana de Venezuela, mediante una asamblea constituyente. Por otro lado, el texto del proyecto presentado por Bachelet se ve como nuestra actual Constitución, ya que posee el mismo esqueleto, estructura y contenidos, pero incluye numerosos cambios y detalles ideológicos que menoscaban gravemente nuestra institucionalidad y vulneran o debilitan muchos de los derechos fundamentales.

¿Qué nos dice del sistema educativo, esa falta de civismo?

Lo que ocurre es que durante muchos años no hubo educación cívica en Chile, pues esta asignatura había sido eliminada en los colegios. Debido a ello se carecía de la formación mínima para entender estos conceptos. Durante el segundo Gobierno de Bachelet se aprobó el retorno de la educación cívica en los currículos educacionales de III° y IV° años de enseñanza media (secundaria). Sin embargo, desconfío de esta reforma, pues es un Caballo de Troya para incorporar otros temas, como la “interculturalidad”, el “género” y la “diversidad”. Resulta manifiesta la carga ideológica que poseerá el nuevo currículo de educación cívica.

Si pudiera hablar con los manifestantes, ¿cómo explicaría los perjuicios económicos y jurídicos de una Constitución como la que buscan los reformadores?

Ya se han explicado bastante y difícilmente se les podrá convencer de lo contrario. De aprobarse una nueva Constitución, como la conciben los grupos que la exigen, solo serán las consecuencias de ésta las que mostrarán el por qué no debía realizarse el cambio. Para ese entonces quizás podría ser demasiado tarde.

Lo que sí puedo decir es que tanto la economía, la libertad y la institucionalidad se verán afectadas y deterioradas, pero no se preocupen, ya que podrán consolarse con que tenemos una “Constitución democrática”. Por otro lado, el Estado crecerá y con ello el gasto público, disfrazado de gasto social.

Lo que se debe entender es que la supuesta necesidad de una nueva Constitución, es un tema de élites políticas privilegiadas y no una prioridad para la mayoría de las personas, quienes quieren que se solucionen los problemas que realmente les afectan en su vida, como mejor salud, educación, seguridad, pensiones, etc. Para todo ello no es necesario cambiar la Constitución política por una nueva, sino que basta con modificar la legislación vigente, presentar nuevas iniciativas y realizar buenas políticas públicas.

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