English Version
Según la fiscal Gabriela Boquín la homologación de un acuerdo del gobierno argentino con Franco Macri y Correo Argentino S.A. significaría quitarle 70 mil millones de pesos (USD $4.300 millones) para el grupo del padre del presidente argentino para 2033 (momento en que finalizaría el acuerdo pactado).
Según la funcionaria judicial el arreglo aceptado por las partes es “abusivo” y advierte que recurrirá a la Corte Suprema en el caso que el mismo se haga efectivo.
El conflicto comenzó en 2001 cuando la empresa postal privatizada por Carlos Menem y operada por el padre del actual presidente y su grupo empresario se presentó en concurso preventivo. La empresa fue estatizada dos años más tarde con la llegada de Néstor Kirchner al poder, pero el tema no fue resuelto y Franco Macri continuó relacionado con el Estado argentino mediante sus empresas en diversos rubros como la importación de vagones de tren procedentes de China.
“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, destacó la fiscal general que encuentra serias incompatibilidades y conflictos de intereses a la hora de cerrar este acuerdo.
Boquín manifestó en su alegato que no son claros los motivos por el cual el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocora, avaló el acuerdo que, para la fiscal, significaría quitar finalmente el 98 %.
“Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, este resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, remarcó la fiscal.
Para Macora del Ministerio de Comunicaciónes la cifra a la que llega la fiscal es «ficticia» ya que la empresa pagaría 600 millones de pesos (USD $37 millones). La diferencia de ambos cálculos es que el funcionario del Poder Ejecutivo aceptó un congelamiento del cómputo de intereses y desestimó el valor del peso del momento y del tipo de cambio.
Por esos días en Argentina todavía la Ley de Convertibilidad establecía la paridad del peso con el dolar uno a uno. Luego de la devaluación y del cepo cambiario kirchnerista, en la actualidad el dolar cotiza a 16 pesos argentinos.
«La verificación de la deuda fue en pesos, no tiene ningún vínculo con el dólar. La deuda era en pesos, es absolutamente incorrecto hacer un parangón con el dólar», afirmó Macora.
La devaluación y pesificación asimétrica de 2002 en Argentina ha significado la licuación de deudas de muchas grandes empresas vinculadas al gobierno de Eduardo Duhalde que pagaron con el tipo de cambio a 3 y 4 pesos devaluados pasivos contraídos en dolares. En este caso el beneficio sería inclusive cuatro veces mayor al tipo de cambio actual.
Fuentes oficiales manifestaron a PanAm Post que no se ha perdonado el monto de la deuda y que la diferencia abrumadora del típo de cambio es responsabilidad de los últimos 12 años del gobierno kirchnerista que no llegó a un acuerdo.
Discusión sobre post