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El presidente argentino Mauricio Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanza, Alfonso Prat Gay, fueron imputados este martes 13 de diciembre por permitir, a través de un decreto, que familiares de funcionarios públicos entren en el blanqueo de capitales.
El decreto 1206/16, que salió publicado en el Boletín Oficial, permite que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si estos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.
La diputada opositora por Libres del Sur, Victoria Donda, denunció penalmente a Macri y a sus dos funcionarios ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo por los delitos de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
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Según la denuncia presentada por Donda y sus colegas Federico Masso y Graciela Coussinet, el decreto 1206 firmado por el presidente «contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo».
«Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación», sostuvieron los legisladores en la denuncia.
La medida contra el jefe de Estado y dos miembros de su gabinete la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan.
«Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley […] Tenemos tranquilidad sobre lo que hemos planteado», se defendió esta mañana el jefe de gabinete Marcos Peña.
La oposición ha criticado duramente a Macri por supuestamente buscar beneficiar a su padre, el empresario Franco Macri, con este decreto.
Esta sería la segunda denuncia de la oposición contra el decreto del Gobierno. La primera fue presentada por diputados del kirchnerista Frente para la Victoria y tramitada ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita.
