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La diputada del kirchnerismo, Nilda Garré, quien se desempeñó como ministra de defensa de Cristina Fernández de Kirchner y como embajadora en la Venezuela de Chávez, presentó un peligroso proyecto de ley con el que busca perseguir con multas y prisión a los que no compartan su interpretación sobre la violencia política que tiñó de sangre a la Argentina durante la década del setenta.
El texto de la iniciativa legislativa propone reprimir con «prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 (USD $640) a 200.000 (USD $12.800) pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad».
Esta propuesta llega en un momento donde desde diferentes sectores se ha comenzado a cuestionar el discurso oficial inaugurado con el gobierno de Néstor Kirchner en 2003.
Con el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, nuevos dirigentes se han animado a dar una visión alternativa más cercana a la realidad, pero no han sido respaldados. Darío Lopérfido, que se desempeñaba como Ministro de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, manifestó que en Argentina «no hubo 30 mil desaparecidos» y que esa cifra se arregló en una «mesa cerrada». Sus opiniones le costaron el cargo y fue reemplazado por el compositor Ángel Mahler.
Recientemente, el responsable de la aduana, Juan José Gómez Centurión, dijo, en relación con el mismo tema: «No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras». Para Centurión el gobierno militar no ejerció un «plan sistemático», sino que se trató de una represión desordenada donde cada responsable actuaba por su cuenta. A pesar de que el funcionario no negó el terrorismo de Estado ni la existencia de miles de desaparecidos, el kirchnerismo y la izquierda presionan para que corra la misma suerte de Lopérfido.
Ante cada manifestación semejante, desde el gobierno salen los funcionarios a despegarse con declaraciones políticamente correctas. «No compartimos», «no habla en nombre del gobierno» o «se tratan de opiniones personales». La Unión Cívica Radical (UCR), socia del partido Propuesta Republicana (PRO) en Cambiemos, suele ser el primer espacio en presionar para que el gobierno no avale discursos díscolos dentro del espacio.
La diputada Garré ha manifestado que su intención es equiparar en Argentina los castigos a los que pueden estar expuestos los negadores, por ejemplo, del Holocausto de la Alemania nazi.
Si bien la desaparición forzada de personas es absolutamente inaceptable, lo cierto es que la violencia política que tuvo lugar en Argentina nada tuvo que ver con los genocidios a los que se hace referencia.
Mientras que la visión idílica que impuso el kirchnerismo sobre un golpe de Estado en 1976 que tuvo como finalidad el exterminio de una «juventud maravillosa» dedicada a la «justicia social» y la implantación de un modelo económico «neoliberal» que terminó con 30 mil desaparecidos, toda la documentación histórica inapelable muestra el pasado reciente bastante diferente.
Lo cierto es que la ruptura del orden institucional comenzó en 1930, que Juan Domingo Perón al momento de ser electo ya había participado de dos golpes de estado y que el peronismo impuso una constitución que eliminó los derechos individuales más básicos, como el derecho de propiedad y la libertad de expresión.
También forma parte de la verdad histórica que la Revolución Libertadora, que puso fin a la dictadura peronista, dejó un saldo de 350 muertos en su bombardeo a la Plaza de Mayo, y que llevó a cabo una absurda política de Estado, donde mencionar a Juan o Eva Perón estaba prohibido por ley. Lo único que consiguió esto fue mantener la resistencia peronista con la mística de lo clandestino. Tampoco es políticamente correcto recordar que Perón, desde el exilio, manejó y manipuló a la guerrilla de izquierda peronista (Montoneros), donde militaba Garré, y a la extrema derecha del sindicalismo tradicional. Estos bandos se enfrentaron al regreso del caudillo por las diferencias políticas y Perón cerró filas con la Confederación General del Trabajo (CGT) y echó a los Montoneros de la Plaza de Mayo, luego de que estos asesinaran al sindicalista José Ignacio Rucci. Montoneros entró en la clandestinidad y la represión con la Triple A, se inició bajo el gobierno constitucional justicialista a principios de 1973.
Pero la verdad histórica de que el Gobierno de Videla terminó el «trabajo sucio» de un gobierno peronista y de que los Montoneros no eran jóvenes idealistas, sino guerrilleros que buscaban junto al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de identidad marxista, la implementación de una dictadura socialista, parece ser un pecado inaceptable.
Cabe destacar que a Nilda Garré se le imputa inclusive un nombre de guerra en la organización Montoneros, a pesar de pertenecer formalmente al sector político (era diputada) y no militar de la estructura: «Comandante Teresa».
Según el escritor Juan Bautista «Tata» Yofre, el empresario Jorge Born (secuestrado por los Montoneros, que cobraron 60 millones de dólares por su liberación en 1975), le manifestó que en su cautiverio, el que atravesó con los ojos vendados, escuchó la voz de Garré en la persona responsable de cuidarlo. Esta mujer de la organización, que Born relaciona con la actual diputada, sería la que le insistía con que su familia pague el rescate para liberarlo sano y salvo.
El libro del escritor Nicolás Márquez «La mentira oficial» recoge interesantes declaraciones de Garré desde su banca como diputada en 1976, antes del golpe del 24 de marzo:
¨Las cotidianas desapariciones y tantos otros hechos similares vienen formando un siniestro rosario de crímenes miserables que se suceden sin que un solo culpable sea identificado¨. Esta situación para Garré era el resultado de una «guerra boba en la que todos parecemos atrapados».
Ambas declaraciones de la misma legisladora al momento de los acontecimientos que hacen referencia a los desaparecidos durante un gobierno peronista y a la existencia de una «guerra», hoy serían materia de imputación de su propio proyecto que busca implantar una historia alternativa, un modelo de pensamiento único y limitar la libertad de expresión.
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