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Claudio Bonadío, juez federal argentino, procesó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por la supuesta asociación ilícita de la sociedad familiar «Los Sauces«. Desde su constitución en 2008 la firma adquirió un gran número de propiedades en Rio Gallegos y Buenos Aires, entre las que se destaca la actual vivienda de la exmandataria.
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El dictamen del juez incluye un embargo de 130 millones de pesos (más de 8 millones de dólares) y el impedimento de salir del país para Kirchner y sus hijos.
Entre los párrafos destacados del proceso se destacan:
«Descriptos así los hechos imputados, surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para determinar, en principio, que tanto Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y Máximo Carlos Kirchner, son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre ingresó Florencia Kirchner contando, a partir de allí con poder de decisión sobre la sociedad».
«[Existió] la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera».
«Los expresidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández y Máximo Kirchner fueron quienes impartían las directivas de esta organización delictiva».
De esta manera el juez destaca que tanto el matrimonio presidencial y su hijo utilizaban la firma «Los Sauces» para ingresar al sistema financiero dineros provenientes de malversaciones de caudales públicos.
De esta manera el panorama judicial de la exmandataria es cada vez más complicado. La causa de «dólar futuro«, donde se la procesó por «administración infiel en perjuicio de la administración pública» y la denominada «Ruta del dinero K» ya no son las únicas preocupaciones de Kirchner. En la actualidad la diputada Margarita Stolbizer busca dejar sin efecto la acción del exjuez Norberto Oyarbide, quien la sobreseyó por enriquecimiento ilícito.
Fuente: Infobae
