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El juez Claudio Bonadio intenta llegar a fondo el entramado que hay detrás de las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, preso por supuesto lavado de dinero, y Cristóbal López, acusado de evasión fiscal.
Este jueves no solo ordenó interventores para la inmobiliaria de la familia Kirchner, Los Sauces S. A., y la «Sucesión Néstor Carlos Kirchner», sino que pidió «interventores informantes» para las firmas del Grupo Austral del empresario Báez, y las del Grupo Indalo, propiedad de López. Todas estas firmas estarán intervenidas por seis meses.
En el caso de la Sucesión NCK, el juez pidió que Máximo Kirchner, hijo de la examandataria, sea removido de su cargo como administrador.
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El diario La Nación destaca en un análisis publicado este viernes, que la figura del los «interventores informantes» está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional. De ellos se espera que «den noticia (al juez) acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades» de la empresa cuestionada.
Según las leyes, el informante podrá mirar y preguntar, pero no inmiscuirse en la gestión diaria de la compañía que está siendo investigada.
La Nación señala que Bonadio acudió a esta figura debido a que no ha logrado reconstruir cómo es la operatoria comercial de los Kirchner. El juez ni siquiera halló una sede física que agrupe esos negocios, señala el diario argentino.
Los investigadores sospechan que tanto Báez como López alquilaron inmuebles de los Kirchner para, de ese modo, canalizar el supuesto pago de los retornos (coimas) por favores recibidos o facilitar el presunto lavado de dinero negro de la exfamilia presidencial.
El magistrado Bonadio espera que los «interventores informantes» puedan aportarle nuevas piezas al rompecabezas K. Los interventores que asumirán la conducción de las sociedades saldrán de un sorteo que se realizará entre los disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bonadio decidió la intervención al encontrar “gran cantidad” de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner, dueña de Los Sauces, y las empresas de Báez y López, así como del grupo de Osvaldo Sanfelice, quien administra hoteles de la familia.
Los investigadores habrían detectado movimientos de dinero por sumas importantes que no tendrían justificación comercial, y donde habría contradicciones entre los que ingresa y lo que se extrae. Los Kirchner hasta 2014 retiraron en concepto “anticipo de dividendos” AR $20 millones (USD $1.253.200).
Fuente: La Nación.
