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Entre 1994 y 2001 estuvo en vigencia en Argentina la Ley 24390 conocida como «2 x 1». Mediante la misma, los detenidos bajo la figura de «Prisión preventiva», lograban reducir a la mitad los años que hayan pasado recluidos sin condena efectiva, es decir, «sentencia firme».
Esta legislación, derogada en la actualidad, tenía como finalidad darle celeridad a los procesos judiciales y que no se extiendan por tiempo indeterminado las detenciones sin la vigencia de una condena definitiva.
En la jornada de hoy, la Corte Suprema de Justicia argentina, en un voto por mayoría, decidió otorgar el beneficio al detenido Luis Muiña, condenado a 13 años en 2011. Ese fallo quedó firme en 2013 y la defensa de Muiña solicitó que se aplique el beneficio en cuestión. El pedido fue rechazado en dos primeras instancias antes de llegar a la Corte Suprema.
El máximo tribunal argentino aceptó la solicitud de la defensa con los votos afirmativos de los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti. En disidencia votaron el presidente de la Corte, Lorenzetti y Maqueda
El condenado fue parte de un operativo ocurrido el 28 de marzo de 1976 en el Hospital Posadas de Haedo (Provincia de Buenos Aires), donde Muiña participó en la detención de Gladys Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Roitman, Jaqueline Romano y Marta Graf, quienes fueron trasladados al centro clandestino denominado «El Chalet», donde fueron privados de su libertad y sufrieron torturas.
Como la pena está relacionada con un delito de lesa humanidad, el fallo despertó criticas en diversos sectores de la sociedad.
Para el juez Rosatti su fallo planteó un dilema moral, dado que benefició con «la ley más benigna» a un «condenado por delitos de lesa humanidad». «El legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad» por lo que para el magistrado «no lo puede hacer ahora el juez», ya que estaría ocupando el rol del anterior.
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Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo (agrupación cercana al kirchnerismo), Estela de Carlotto, el fallo responde a una presión del Poder Ejecutivo, al que denominó como un «gobierno de ladrones».
Fuente: Perfil.
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