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Con 138 votos en la Cámara de Diputados, el oficialismo, apoyado por algunos bloques como el de Sergio Massa, no pudo expulsar al exministro Julio De Vido del Congreso, que fue respaldado por 95 votos. A pesar de haber ganado la votación, para echar al legislador del Frente para la Victoria, se requerían dos tercios de los presentes, es decir, 20 votos más.
El debate, que monopolizó la discusión política en Argentina las últimas semanas, se manejó en torno a la posibilidad de remover en medio de la campaña al exministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner, multiprocesado por un sinnúmero de causas relacionadas con corrupción, sobornos, desvío de fondos, asociación ilícita, entre otras cosas.
El artículo 66 de la Constitución argentina fue el utilizado por el macrismo y el massismo para buscar la exclusión del legislador kirchnerista. El mismo manifiesta:
«Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos».
La maratónica sesión, que tuvo acaloradas discusiones, comenzó a las 11:30 de la mañana y finalizó a las 9:30 de la noche, dejó disconformes a muchos legisladores de todos los partidos políticos que no pudieron hacer un discurso por cuestiones de tiempo.
En su exposición, el exministro denunció una «persecución política» del «gobierno neoliberal» que busca destruir al kirchnerismo por consejo del «asesor extranjero del presidente», en referencia al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.
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El bloque del Frente para la Victoria se vio favorecido para mantener a De Vido en el Congreso con los votos de los diputados de la izquierda dura. Desde el Frente de Izquierda se argumentó que no se buscó salvar al exministro, sino que se trató de evitar un precedente que posibilite próximas persecuciones políticas.
Fuente: Clarín
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