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Milagro Sala fue durante los años del kirchnerismo una de las autodenominadas «dirigentes sociales» más polémicas del país. Mientras que Cristina Kirchner le reconocía su trabajo social (y le daba millones para que dispusiera con su organización), los sectores no alineados de la provincia la acusaron de ejercer un Estado paralelo mafioso que dominaba al gobernador y a la policía.
Con el cambio de aire político la justicia comenzó a avanzar sobre varios referentes kirchneristas y Milagro Sala no fue la excepción.
Luego de las condenas en primera instancia, Sala fue enviada a prisión, pero sus apelaciones tuvieron repercusión en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria y Sala pudo salir de la prisión donde se encontraba en la provincia de Jujuy.
Según la ley, el beneficio de prisión domiciliaria puede otorgarse ante dos circunstancias: Que no exista riesgo de fuga y que el detenido no pueda obstruir el proceso penal. Fuentes judiciales consultadas por PanAm Post acordaron que en el caso de Sala, no habría lugar para la prisión domiciliaria, ya que dada la estructura paraestatal que generó existen riesgos de entorpecer la investigación y también de fuga.
En la jornada de hoy, la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó el beneficio domiciliario y ordenó que Sala vuelva a ser trasladada a la prisión.
El fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, advirtió que esta resolución tuvo lugar por «dos recursos que interpuso el fiscal de investigación preparatoria Diego Cussel» en el mes de agosto, cuando la dirigente kirchnerista recibió el beneficio.
Por su parte, el equipo legal que defiende a Sala advirtió que la medida no los tomó por sorpresa y que responderán en la justicia, ya que que «las resoluciones mientras son pasibles de ser recurridas tienen efecto suspensivo».
Milagro Sala está acusada de tentativa de homicidio, lesiones graves, encubrimiento y malversación de fondos públicos por más de 40 millones de dólares, que estaban destinados a «viviendas sociales». La dirigente kirchnerista está acusada, tanto de la malversación de los fondos, como de su utilización política, ya que las viviendas que se construían eran otorgadas a los militantes de su grupo, a los que se le retenía la escritura para asegurar el apoyo político de la familia que recibió el beneficio.
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