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La campaña del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas que tendrán lugar el 22 de octubre se basa en una serie de afiches donde una persona joven (se supone, por el modelo de calzado elegido) debe decidir entre dos caminos a seguir: uno, en teoría representado por el macrismo, y el otro, el sendero demagogo que representa la expresidente Cristina Fernández.
En PanAm Post ya comentamos un afiche previo donde las dos opciones estaban basadas entre una supuesta dicotomía planteada entre el «Mercado» y la «Educación». El póster que empapeló la ciudad tuvo lugar luego de las tomas de las escuelas secundarias con motivo de una reforma educativa que incluía pasantías en empresas para los estudiantes del último año del secundaria. Varios alumnos, apoyados por el kirchnerismo y la izquierda, salieron a protestar con la insólita teoría de que todo se trataba de un maléfico plan macrista para darle «mano de obra barata» a los malvados capitalistas.
En la nueva imagen los dos rumbos antagónicos son el del «Ajuste» y el de la «Justicia Social».
Comenzado el Gobierno de Mauricio Macri, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner salió a manifestar que lo único que busca Macri es generar un severo ajuste que perjudicará a los argentinos más humildes y al conjunto de los trabajadores. Lo que no dicen del peronismo es que el déficit fiscal descomunal, que requiere corregir las cuentas, es absoluta responsabilidad de la expresidente. Luego de la devaluación de 2002, y con el rebote de los precios internacionales de los productos agropecuarios, el primer mandato de Néstor Kirchner tuvo incluso períodos de superávit, por lo que el rojo no tiene otro culpable que no sea el populismo que se desarrolló después.
No se le puede achacar al Gobierno actual la necesidad de reducir el gasto público. En todo caso el reclamo lógico sería ante el escenario que Macri termine su mandato sin poder hacerlo.
Más allá de la estupidez de la idea vacía y demagoga de la «justicia social», cabe destacar la hipocresía total del kirchnerismo de referirse a procesos de ajuste como si fuesen fenómenos aislados sin ningún contexto. Los candidatos de la expresidente parecen querer instalar en la sociedad que Mauricio Macri es simplemente «malo» y busca quitarle recursos a la población que tiene más necesidades.
Lo cierto es que los recursos de la fiesta populista ya se venían agotando antes de que terminara el mandato de Kirchner. El Gobierno anterior pudo llegar hasta el final a punta de endeudamientos delirantes como el contraído con el chavismo (a cambio de apoyo político para el ingreso de Venezuela al Mercosur), la emisión monetaria que terminó con la crisis inflacionaria y el control de cambios y algunos ingresos extraordinarios provistos por peligrosas operaciones, como la construcción de una base china de seguimiento de satélites al sur de Argentina.
Lo cierto es que, de no ir en un rumbo de corrección del gasto estatal, el colapso será inevitable y quienes más lo sufrirán serán los supuestos necesitados de la famosa «justicia social». Por lo que los únicos dos caminos a elegir verdaderamente son los de un gasto público razonable (que se pueda cubrir con los ingresos del Estado) o una nueva crisis.
La historia reciente muestra un antecedente que nos brinda la posibilidad de escoger correctamente: en marzo de 2001, el ministro de Economía de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, propuso un moderado plan de corrección del gasto que no tuvo apoyo político, por lo que tuvo que abandonar el cargo. Como no existen las soluciones mágicas, Domingo Cavallo, que quiso salir de la crisis sin ajuste, se topó con la negativa de seguir recibiendo créditos de los organismos internacionales y la situación política y económica que explotó en diciembre del mismo año fue extremadamente más grave que el ajuste que proponía López Murphy.
El recorte que no contó con el respaldo de la clase política era del 0,6 % del PBI. La búsqueda de soluciones «políticamente correctas» terminó costando una multiplicación exponencial de los índices de pobreza en el país, tras la devaluación peronista del 300 % del peso, en el Gobierno de Eduardo Duhalde.
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