Desde que el kirchnerismo tuvo que dejar el poder en Argentina, varios de sus principales funcionarios han terminado en prisión. Si bien todavía no hay sentencias firmes, la justicia determinó en varios casos, como en el del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, que cabe la figura de prisión preventiva. Es decir, que su permanencia en libertad puede, entre otras cosas, entorpecer la investigación.
Desde el kirchnerismo se argumentó que en la actualidad se abusa de este recurso en el marco de una “persecución político-judicial”. Sin embargo, la noticia del día puede significar un muy buen argumento para las prisiones preventivas dictadas recientemente.
Esta tarde el abogado Alejandro Vanderbroele, sospechado de ser el testaferro de Boudou, se presentó en la fiscalía federal número 1 a cargo de Jorge Di Lello para declarar y pedir ingresar al “Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación”. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a la solicitud, por lo que ya se lo considera como una persona dentro del programa de “arrepentidos”.
Si bien el exvicepresidente quedó detenido por no poder justificar su patrimonio, las causas más importantes en su contra son las del Caso Ciccone y el negocio de la empresa The Old Fund. En ambas causas se encuentra involucrado, el ahora “arrepentido” Vanderbroele.
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Según publicó el portal Infobae, hace ya varios meses que el abogado se habría contactado con funcionarios del actual gobierno para llegar a un acuerdo y aportar información en los expedientes, con el fin de reducir sus inminentes condenas.
El hecho de que Vanderbroele haya esperado que Amado Boudou quede detenido para presentarse voluntariamente a declarar y solicitar encuadrarse dentro del programa de protección de testigos simboliza un duro golpe al argumento del kirchnerismo que resaltaba el supuesto apuro y abuso de la figura de la prisión preventiva en contra de los funcionarios del último gobierno.