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Finalizadas las las instancias de investigación, el juez Claudio Bonadio habilitó la feria judicial de enero para que las partes interesadas hagan sus pedidos de elevación a juicio, por lo que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios de la cúpula de su gobierno deberán enfrentar el juicio oral y público.
El proceso está relacionado con la firma del memorándum de entendimiento con Irán, que el kirchnerismo desarrolló con la excusa de que ese camino era la única posibilidad para conseguir las declaraciones de los acusados residentes en Teherán. Para el fiscal Alberto Nisman, el tratado escondía otras intenciones: según su investigación el tratado escondía un pacto de impunidad con los funcionarios iraníes para garantizarles la impunidad en la causa del atentado de la AMIA (Asociación Mutial Israelita Argentina) a cambio de intercambios comerciales, que incluirían recursos energéticos, que Argentina necesitaba luego del colapso que generó la política de subsidios implementada en 2002.
Por la misma causa se encuentran procesados el excanciller, Héctor Timerman, y el exsecretario de Legal y Técnica del kirchnerismo, Carlos Zannini. Ambos se encuentran con prisión preventiva, pero en el caso de Timerman se autorizó su salida de prisión por cuestiones humanitarias, ya que está enfermo de cáncer.
En una de las escuchas difundidas entre la expresidente y Oscar Parrilli, su secretario de Inteligencia, Kirchner reconoció que la denuncia de Nisman es el frente judicial más serio y complicado que enfrenta.
Por su parte, la jueza Sandra Arrollo Salgado, exesposa del fiscal Nisman y madre de sus dos hijas, manifestó que el homicidio del funcionario judicial, que denunció a la expresidente, debe ser catalogado como “crimen de lesa humanidad”.
En 2017 Gendarmería Nacional dio a conocer sus pericias que confirmaron que el fiscal Nisman no cometió un suicidio, sino que fue asesinado.
