Locura total en Argentina: buscan aplicar cupo “trans” al sector privado

Basándose en encuestas que revelan la escasa participación de transgéneros en las empresas, agrupaciones buscan "una ley de integración" que obligue a contratarlos.

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En las marchas recientes, los grupos “trans” solicitaron a las autoridades nacionales implementar la figura del “travesticidio”. (Twitter)

En 2012 se aprobó en Argentina la “Ley de Identidad de Género”, mediante la cual los travestis pudieron acceder al cambio de sexo en el documento de identidad, como también el acceso al sistema de salud pública sin restricciones con la nueva elección sexual, que dejaba de rotularlos como hombres para reconocerlos como mujeres. Poco tiempo después de la victoria legislativa, las agrupaciones afines comenzaron a discutir la necesidad de cupos en el sector público y privado.

La iniciativa aprobada hace seis años ya comenzó a darle dolores de cabeza al sistema jubilatorio nacional, ya que como las mujeres tienen el derecho de pasar a retiro a una edad más temprana que los hombres, ya se registraron casos de personas que han decidido cambiar de sexo solo para acceder a su jubilación y dejar de trabajar de forma anticipada.

Pero a pesar de que las leyes “de género” comienzan a traer estas complicaciones, lejos se está de discutirlas con seriedad, y las únicas propuestas vigentes giran alrededor de un “incremento de derechos”. Ahora, agrupaciones LGTB, en coincidencia con áreas gubernamentales que trabajan en la materia, buscan conseguir una normativa legal que establezca incrementar el porcentual de contratación a personas “trans” dentro del sector privado. Mientras algunos proponen “incentivos fiscales”, otras propuestas directamente solicitan el cupo legal.

Cabe destacar que en la provincia de Buenos Aires, mediante un proyecto impulsado por una legisladora kirchnerista, se aprobó un cupo del 1 % para la administración pública, lo que ahora busca replicarse en otros distritos y ampliarse al sector privado. La demora en la Gobernadora María Eugenia Vidal hizo que agrupaciones de izquierda la acusen de buscar “cajonear” el proyecto aprobado por la legislatura.

En las manifestaciones de hoy en el Congreso, en el marco del Día del Trabajador, una columna de las organizaciones que llevan adelante la agenda de género pedirá por el cupo a nivel nacional para contrataciones en el sector privado, propuesta que de a poco gana adeptos, incluso en los organismos oficiales.

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se mostró a favor de llevar a todo el territorio nacional el cupo en la administración pública y generar incentivos impositivos para que las empresas tengan más intención de contratar a transgéneros.

Un autoritarismo que denuncia de autoritarios a los que no comparten sus abusos

Generar una obligatoriedad para tener que contratar a una persona “trans” es una imposición violenta y autoritaria. Más allá de las intenciones, cada propietario de un comercio o empresa debe tener la libertad de contratar a quien quiera.

Si una persona decide vivir su vida vestido de un género, que lamentablemente no le ha correspondido biológicamente, está en todo su derecho y deberá gozar de todas las posibilidades que tienen el resto de los ciudadanos, incluso, prestando especial atención a posibles ataques de extremistas violentos que puedan llegar a amenazarlos físicamente, como ya hemos visto en varias lamentables oportunidades en el pasado. El Estado debe velar por los derechos de todos los ciudadanos pacíficos, sin excepción y garantizar la igualdad ante la ley.

Pero esa misma igualdad, la única posible y virtuosa, se ve violentada a la hora de forzar a alguien a tener que contratar a una persona travesti, cuando puede desear tener otro candidato para el puesto. Ya la presión fiscal y sindical es tan grande que la mayoría de comercios, empresas y fábricas trabajan por debajo de su potencial, ya que las distorsiones gubernamentales se tornan perjudiciales si se desea ampliar la inversión en recursos humanos.

Cabe destacar que la idea del incentivo fiscal no solo viola la igualdad ante la ley, sino que es una amenaza a la verdadera igualdad de oportunidades. ¿Por qué una persona debe quedar excluida de un posible trabajo, pudiendo haber sido la candidata ideal, ya que el Estado decidió abaratar artificialmente la altísima presión impositiva para un competidor “trans”?

Algo que ya ocurre de forma negociada

La Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad Di Tella viene realizando un trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, donde de la mano de importantes empresas como Accenture o General Electric, desarrollan un programa de apertura e inclusión.

Esta iniciativa, desarrollada de forma voluntaria tanto por la Universidad como por las empresas, realiza un seguimiento a una bolsa de trabajo y coordina la implementación de prácticas profesionales para brindarles oportunidades y un ámbito laboral seguro a personas trans. Inclusive, si la universidad y sus socios empresarios decidieran libremente para sus organizaciones un cupo obligatorio de cualquier porcentual, no habría nada que cuestionar, ya que se trata de disponer de la propiedad de forma libre, como garantiza la Constitución. Pero establecer cupos obligatorios a nivel gubernamental es inaceptable desde cualquier perspectiva civilizada.

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