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Finalmente, luego de varias noticias similares donde choferes de taxis violentaron a pasajeros y conductores que trabajan con la aplicación de Uber y Cabify, un agresor se las verá con la justicia argentina. Martín Facundo Sensón, de 32 años, tendrá que rendir cuentas por «lesiones, daños y coacción» y su licencia será suspendida cuando la Secretaría de Transporte de la Ciudad sea notificada de un fallo judicial en contra del taxista.
Es la primera vez que un conductor de taxi perteneciente al grupo «caza Uber» tiene que rendir cuentas por el impune y violento comportamiento, que hasta hoy contó con la «vista gorda» de las autoridades.
Guillermo Caravajal, juez nacional en lo Criminal y Correccional, procesó y embargó por 100.000 pesos (USD $3.200 dólares) a Sensón, luego de que este interceptara a un vehículo que trabajaba con la aplicación de transporte para romperle los vidrios con una manopla de metal y amenazar al conductor:
«Te vamos a hacer mierda. Ya sabemos quién sos, hijo de puta. Ya sabemos quién sos y conocemos tu auto. Te vamos a hacer mierda el auto, hijo de puta. Te vamos a matar», amenazó Sensón a su víctima tras golpearlo el pasado 9 de septiembre.
El grupo de tareas «caza Uber»
Estos taxistas, que funcionan como una suerte de «grupo de tareas», se dedica a crear usuarios falsos de Uber para solicitar un auto y amedrentar violentamente al conductor a su arribo. En los últimos meses proliferaron las denuncias en las redes sociales, donde se difundieron fotografías de los violentos ataques. Golpes de puño, destrucción de vidrios e incluso disparos de armas de aire comprimido son los denominadores comunes de estos lamentables episodios.
El segundo fallo auspicioso de la justicia respecto a las aplicaciones de transporte
Este fallo, que marca un importante precedente en medio de los violentos ataques, es el segundo dictamen judicial en sintonía con la Constitución que ocurre recientemente en Argentina. Cabe recordar que el mes pasado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, que pretendía bloquear las aplicaciones.
El fallo del Tribunal fue unánime y estableció que el dictamen anulado, de ponerse en vigencia, “lesionaría innecesaria y desproporcionalmente derechos como el acceso e intercambio de información, la obtención de conocimientos y transmisión de ellos mediante la utilización de contenidos, herramientas y de aplicaciones”.
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