Pasado el debate del aborto con la caída de la iniciativa en la Cámara de Senadores, en Argentina florece una nueva-vieja causa, pero que tiene a todo el mundo del mismo lado. Algunos lo llevan como cuestión moral y fundamental y otros simplemente acompañan. Pero el acuerdo es unánime: hay que defender a la educación pública.
De esta manera aparecen las imágenes al respecto en los perfiles de las redes sociales, las leyendas en la vía pública y las consignas que se reiteran en editoriales y manifestaciones políticas. Parece que hay una “lucha” en favor del sistema estatal de educación, pero no se sabe con certeza en contra de quien es. Pero eso sí, todos “luchan” en favor de la “educación pública”.
Yo no. Pero hace falta una explicación más detallada, ya que ante la distorsión tan grande que hay respecto a las ideas políticas en Argentina, el título de este artículo con seguridad le dará a entender a la gran mayoría de los lectores que soy una mala persona que desea que los pobres no tengan acceso a la educación. Lo cierto, es todo lo contrario. Los que terminan excluyendo a los más necesitados son los abanderados del estatismo, que tiene como causa la educación pública en cuestión. No yo.
Los partidarios de lo que se conoce como educación pública, además de los políticos que lucran electoralmente con esta causa y los sindicatos docentes que se benefician, son la mayoría de los argentinos que desean que las personas de bajos ingresos puedan tener acceso a la educación. Una noble causa, claro. Pero lo cierto es que si el sistema es inadecuado, la causa se torna contraproducente.
No siempre las consignas políticas llevan a las consecuencias supuestamente buscadas. Enviar a los judíos a los campos de concentración nazis no les devolvió la dignidad a los alemanes como prometió Hitler. Haber implementado el socialismo en Cuba o Venezuela (como en cualquier parte del mundo) no mejoró la situación del pueblo trabajador. Las políticas públicas y sus resultados pueden estar escandalosamente disociadas de los objetivos anunciados. Defender con uñas y dientes las consignas per se no garantiza que se llegue a buen puerto. Incluso es un acto de irresponsabilidad y pereza intelectual que atenta contra el resto de las personas. En este caso, el de la educación pública, contra los más necesitados. El voluntarismo de repetir como un loro que se defiende la educación pública no soluciona absolutamente nada.
El sistema, como está planteado, funciona así. El Estado, mediante las agencias recaudadoras de impuestos, se hace del recurso del contribuyente. Ese dinero (que ya es menos cantidad, porque hay que sostener a la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) va luego al ministerio de Educación y a los gobiernos provinciales para sus entidades educativas. De esta manera, cada peso que estaba destinado a una escuela o universidad ya pasó, como dice Javier Milei, por varias “manos porosas” de entidades gubernamentales. El resto de lo que queda para gastar en educación se hace mediante el ineficiente sistema de subsidiar a la oferta en lugar de la demanda, como recomendaba de forma acertada Milton Friedman.
Pero eso no es todo. Las reglamentaciones educativas nacionales presentan altos costos de entrada para el sector privado. Hay que tener mucha espalda económica para poder emprender y realizar un centro educativo. De esta manera, la competencia del sector privado queda cartelizada. Si una maestra estuviera en condiciones de brindar un curso privado en su casa para un grupo reducido de alumnos o un grupo de emprendedores podría fundar una escuelita sin tener que pasar por todos los filtros, como los de la legislación laboral, los costos de la educación “privada” caerían considerablemente. Pero el Estado mantiene artificialmente altas las barreras de entrada y le brinda la titulación oficial exclusivamente a los centros educativos que cumplen con sus requisitos.
Como si estas dos atrocidades no fueran suficiente, no podemos pasar por alto el tema del monopolio de modelo. Los contenidos aparecen predeterminados de forma centralizada y tanto las instituciones estatales ineficientes, como las opciones privadas cartelizada, ofrecen exactamente lo mismo.
El sistema educativo argentino es una desgracia y necesita ser desmantelado por completo, para ser repensado de cero.
Los bienintencionados que supuestamente desean que las personas que tengan bajos ingresos puedan acceder a un sistema educativo deberían guardar en el bolsillo su slogan voluntarista y pedir algo radicalmente diferente.
Principalmente, la desregulación total del sistema privado. De esta manera la diversificación de modelos y la nueva competencia haría posible que mucha gente que hoy no puede pagar por la educación, pueda hacerlo.
De realizarse una medida semejante, sin dudas que la mayoría de los argentinos podría acceder a un sistema de educación desvinculado del Estado. Pero por si queda algún temor sobre la posibilidad de que no se llegue al 100% de la cobertura, hay medidas mucho más eficientes que se pueden tomar que tener agencias recaudadoras de impuestos que envíen plata a gobiernos y ministerios, que a su vez se dediquen a financiar escuelas.
Un sistema de vouchers que permita al beneficiario elegir el centro educativo al que desea asistir sería mucho más eficiente. En lugar de pasar por todas las porosas manos de las entidades estatales, la familia recibe un acceso al centro educativo que elija, y la entidad luego convertirá ese voucher en efectivo.
Hay muchas posibilidades para discutir e implementar. Pero lo cierto es que la educación, mientras siga siendo monopolizada por un sistema semejante, no tiene posibilidades de mejorar.
¿Realmente te importa que los más necesitados tengan acceso a la educación o preferís mantener el fetiche de repetir una y otra vez que defendés “la educación pública” como un fin en sí mismo?