Archivos recuerdan cuestionable rol peronista y radical en los setenta

Los documentos desclasificados entregados por los Estados Unidos ponen sobre la mesa, una vez más, el doble discurso de los partidos tradicionales en Argentina.

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Durante los últimos años, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista se han dedicado a reescribir su propia historia. Pero de vez en cuando, algún acontecimiento vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los partidos tradicionales durante los años de la violencia política. (Fotomontaje PanAm Post)

La última semana, el gobierno de Estados Unidos le entregó a la República Argentina 43 mil páginas de archivos desclasificados de inteligencia, que van desde 1975 hasta 1984. Es decir, de un año antes a un año después del último gobierno militar autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

El ministro de justicia Germán Garavano recibió en Washington los cds de mano de David Ferreiro, archivista nacional norteamericano. El funcionario argentino denominó el hecho como “algo histórico”. No es para menos, los documentos tienen un 97% de material sin ningún tipo de censura y ya están disponibles para las personas que estén interesadas en recorrerlos. Según el archivista que le entregó el material a la Argentina, han trabajado 320 personas de las administraciones de Barack Obama y Donald Trump durante el proceso de desclasificación.

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Con el correr de las horas, los medios argentinos van encontrando segmentos relevantes que vuelven a poner a aquellos años en el debate público. Los dos partidos políticos tradicionales de Argentina, el peronismo y el radicalismo, nuevamente quedan bajo la lupa por sus verdaderas responsabilidades de entonces, que distan mucho de la historia oficial que ha primado en las últimas décadas.

El terrorismo de Estado: invento justicialista y no militar

Según los archivos, Jorge Rafael Videla era percibido como un “moderado”, un “good guy” (tipo bueno) -textual- que estaba ahí como parte de un plan mayor: el de lavarle la cara a un régimen que combatía a las guerrillas mediante el más cruento terrorismo de Estado. Según el informe de inteligencia, Videla estaba al tanto de todo, pero la metodología de las desapariciones no eran producto de su invención ni de su gobierno, sino una continuidad del justicialismo:

“Los excesos de la derecha no se han originado con el arribo de Videla, sino que han sido un legado del período peronista”, dice el informe, ahora desclasificado.

Esto, que está en sintonía con todos los documentos históricos, forma parte de un pasado de responsabilidades que los dos partidos mayoritarios han buscado esconder durante los últimos años. Tanto la UCR como el PJ asocian al terrorismo de Estado al golpe militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, pero lo cierto es que esto empezó antes, bajo el mandato constitucional peronista. Para la inteligencia norteamericana, lo único que cambió con la llegada de Videla fue la mayor discreción de las operaciones ilegales, que eran realizadas de formas “similares” al período anterior.

El radicalismo cómplice

Aunque el relato de la Unión Cívica Radical ponga todo el énfasis en los juicios a las juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, lo cierto es que durante el gobierno militar la actitud del centenario partido era diferente. El histórico referente Ricardo Balbín era denominado por los documentos de inteligencia como el líder de la fuerza “centrista” de Argentina, pero también era duramente cuestionado por su acciones. Para la inteligencia de los Estados Unidos, el dirigente radical estaba al tanto que los desaparecidos estaban muertos, pero se negaba a reconocerlo públicamente. En la opinión de los agentes que redactaron estos documentos secretos durante los setenta, Balbín deseaba convencer a los militares de que si su partido volvía al poder con el regreso de la democracia, no iba a haber “un Nüremberg” contra las juntas. Según el texto, el histórico líder radical buscaba “calmar” a los militares y darles garantías a futuro.

Aunque toda esta información no es nueva, la publicidad sobre estas cuestiones sirve como para echar luz sobre el pasado histórico que la corporación política busca hoy disfrazar. Otro dato que vale recordar también fue el “co-gobierno” de los partidos políticos durante la dictadura en muchos distritos del país: la UCR le dió al “Proceso” 310 intendentes y el peronismo 169.

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