En Argentina proponen eliminar el «dogma» de los 30 mil desaparecidos

El único diputado que votó en contra de la obligatoriedad a la referencia en los documentos públicos bonaerenses, ahora va por más y pide derogar su vigencia.

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Cuando se aprobó la votación, Castello se puso firme y la perdió 90 a 1. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón y pidió explicaciones a las autoridades. (Youtube)

«Artículo 1: Deróguese la Ley N 14.910».

«Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo».

Con esos dos artículos Guillermo Castello, diputado provincial de Buenos Aires, propone enmendar una triste página de la legislatura bonaerense. Él no tuvo la culpa, claro. Es más, aquella votación terminó 90 a 1, con el único voto negativo del mismo Castello.

El proyecto en cuestión dictaminó que desde hace dos años los documentos oficiales de la provincia más grande de Argentina deben decir obligatoriamente que la última dictadura fue «cívico militar» y que generó «30 mil desaparecidos».

Desde la izquierda y el kirchnerismo se insiste con este dogma y cualquiera que se anime a cuestionar el número es señalado como defensor del Gobierno militar y del terrorismo de Estado. Es cierto que los pocos partidarios de la Junta de Videla y compañía ponen mucho énfasis en la mentira de los «30 mil», pero esto no debería obligar a que los que cuestionan la cifra sean señalados como «procesitas». Es más, Castello, de clara orientación liberal, no tiene absolutamente nada que ver con esta corriente de pensamiento.

Aunque aquella votación fue apabullante, con una sola voz en disidencia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó un pedido de informes al Gobierno argentino. En el texto, el organismo internacional advierte que la ley aprobada por todos los partidos restringe «el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios abarcados en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires» y que también podría tener «un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto».

«Fomenta la no verdad»

En sus fundamentos, Castello aseguró que la normativa que pretende derogar fomenta la «no verdad» como política de Estado y el «discurso único». «La determinación de una verdad oficial a través de un acto legislativo clausura virtualmente la investigación, el análisis y el debate respecto a la búsqueda incesante de la verdad», manifestó.

¿Candidato?

Esta semana se cierran las listas para los candidatos y Castello aspira a ser intendente. En diálogo con PanAm Post, el diputado reconoció su intención de participar en los comicios dentro de una primaria de Cambiemos, y no negó que pueda jugar por afuera si el macrismo no lo deja competir.

En los últimos años, el legislador provincial tuvo notoriedad nacional por defender la competencia en el sistema de transporte ante la llegada de Uber, lo que le causó serias amenazas del sindicato de taxistas de la ciudad.

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