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Es claro que el feminismo, que se ha convertido en uno de los brazos ideológicos de la izquierda en la actualidad, ha logrado imponer ciertos dogmas. Cuestiones que de a poco se convierten en verdades irrefutables o, mejor dicho, en cosas que los que piensan distinto no se animan a discutir. Para lograr esto, las herramientas son diversas: aunque se utiliza la presión social y el escrache moral, también se recurre al Estado, cada vez que se puede, para imponer legislación y penalidades que sirvan al objetivo del pensamiento único.
En este sentido, Amnistía Internacional, de clara tendencia y preferencias políticas e ideológicas de izquierda, realizó un informe luego del debate sobre la ley del aborto, que fue rechazada por el senado argentino. En el mismo, se recolectó información de usuarios de redes sociales, con una finalidad concreta: evitar que en el futuro continúen ciertas agresiones verbales, que para la organización podrían generar consecuencias en otros ámbitos.
Aunque Amnistía Internacional asegura que no tiene intención de amenazar la libertad de expresión, considera que hacen falta cambios importantes para que exista un «debate sano» sin «violencia psicológica». De avanzar en esta dirección, en el medio de un acalorado debate, decirle a una interlocutora militante «mata bebés», «asesina» o «feminazi», podría generar serios problemas.
Según el relevamiento de la organización, durante la discusión del aborto en Argentina «una de cada tres mujeres» ha sufrido agravios. De esas mujeres, supuestamente un 26 % recibió «amenazas directas o violencia psicológica». También un 59 % afirmó que recibió mensajes de índole sexual con contenido misógino. Finalmente, para el informe en cuestión, un 34 % dijo que recibió «mensajes con lenguaje abusivos».
Más allá de lo tendenciosa de la muestra, que considera agresión a la acusación de «mata bebés», pero no encuentra preocupante al argumento que responsabiliza a la gente que está en contra de la eliminación del niño por nacer por las muertes en abortos clandestinos, la búsqueda de intervención estatal en este ámbito es peligrosa y preocupante.
De avanzar en este sentido, y es claro que este lobby tiene esta intención, lo primero que veríamos sería un fortalecimiento del discurso políticamente correcto, en detrimento de la libertad de expresión. No importa que AI diga que no busca limitar la libertad para opinar, sus acciones van en esta dirección.
Pero en el caso de se llegue a conseguir alguna legislación y se cercenen aún más libertades, esa será solamente la primera parte del problema. La reacción de otro pensamiento retrógrado, más vinculado a la extrema derecha, será lo que aparezca tarde o temprano en el horizonte si se le permite avanzar descaradamente a los sectores «progresistas».
Ya se vio en Argentina y en otros países del mundo, que mientras más avanza la agenda social y cultural de la izquierda en el Estado, con más fuerza comienzan a aparecer las reacciones de la vereda de enfrente. En lugar de que prime la cordura y el sentido común, cuando el ambiente se envilece se fortalecen los extremos.
Lamentablemente, mientras en las escuelas y jardines de infantes docentes avanzan en una agenda de género ideologizada, que nada tiene que ver con una educación sexual constructiva, vemos como sectores que estaban practicamente extintos y ausentes del debate político vuelven al acecho. De esta manera, la iglesia pretende volver a influir en los asuntos educativos y estatales, y las tesis conservadoras que habían quedado caducas por la madurez de la opinión pública, vuelven en la actualidad como respuesta natural a las barbaridades de la izquierda.
Más allá de las posiciones personales, y del lado que toque estar en la coyuntura en cada debate particular, presionar en búsqueda de supuestos fines positivos, como evitar la agresión verbal, puede llegar a abrir una caja de pandora. Como reconoció en una oportunidad John F. Kennedy ante el autoritarismo comunista, «la libertad tiene muchas dificultades», pero las alternativas son peores, siempre.
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