Alberto Fernández en guerra con los judiciales por las jubilaciones

El Gobierno pretende reducir lo que considera "privilegios" en nombre del ajuste, pero del Poder Judicial le responden que es "inconstitucional"

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El ajuste peronista muerde por todos lados, pero el Poder Judicial protesta y está dispuesto a dar batalla. (Youtube)

«Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”, reconoció recientemente el presidente argentino, Alberto Fernández. Aunque el ajuste principal lo sigue haciendo el sector privado, sobre todo después del absurdo programa de emergencia de «solidaridad y emergencia», el peronismo busca algunos lugares para retocar los balances del Estado y lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, las jubilaciones del Poder Judicial aparecen bajo la lupa en la búsqueda de corregir el déficit, pero hay protesta, pataleo y conflicto serio en puerta.

El proyecto de reforma jubilatoria al personal de la justicia, que incluye tanto a magistrados como a los empleados en general del Poder Judicial, propone terminar con el ingreso fijo del 82 % móvil del salario al momento del retiro. La idea del texto, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, en mantener el 82 %, pero, de aprobarse la iniciativa, sobre el promedio de los últimos diez años laborales.

Como ya es costumbre con el kirchnerismo, el Gobierno buscará un relato para acompañar la lucha legislativa. Esta estrategia es moneda corriente, más allá del éxito o fracaso de la iniciativa. Como en la batalla con los holdouts fue imponer la figura de los «fondos buitres», como en la ley de medios fue el combate contra los «medios monopólicos» o como en el conflicto del campo fue «la defensa de la mesa de los argentinos», el plan ahora es imponer la idea que las jubilaciones del Poder Judicial son «de privilegio».

«Estamos convencidos que la solidaridad que la etapa demanda, en modo alguno puede ser un justificativo para cercenar derechos, mucho menores de la manera elitista, regresiva y carente de perspectiva de género, como lo hace el proyecto presentado la semana pasado por el oficialismo«, señaló el referente sindical de judiciales, Julio Piumatto. El titular del gremio ya recogió el guante de la discusión retórica que planteó el Gobierno y aseguró que el sistema jubilatorio de la justicia es «un derecho» y de ninguna manera se trata de «un privilegio».

Los argumentos del oficialismo

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, criticó el argumento de género de Piumatto y defendió el proyecto oficial asegurando que a los 65 años las mujeres pueden seguir trabajando. Cabe destacar que antes la edad jubilatoria era diferente para hombres y mujeres y la propuesta oficial las iguala a los 65, con la opción de retirarse una vez llegada esa instancia. «No entiendo por qué algunos hablan de la cuestión de género si acá estamos hablando de la igualdad», señaló la ministra.

Con respecto a la necesidad del ajuste, Losardo dijo que la reforma es necesaria, ya que las jubilaciones del Poder Judicial le generan al Estado argentino un déficit de 9 200 millones de pesos anuales (115 mil millones de dólares aproximadamente).

La jugada del oficialismo es osada. De cumplir con el objetivo harían una contribución para con el problema fiscal, pero definitivamente están eligiendo un enemigo que puede pasar facturas complicadas en el futuro.

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