La Argentina de la justicia por mano propia

El empresario K Lázaro Báez, beneficiado por la prisión preventiva, no pudo ingresar a su barrio por una manifestación de los vecinos indignados

Sin poder ingresar a su domicilio, el empresario ligado al kirchnerismo tuvo que volver a la cárcel. Insólito. (YouTube)

Lázaro Báez es uno de los supuestos testaferros de Néstor Kirchner, al que conoció en Santa Cruz a principios de los noventa. Su cercanía al poder K pudo haber tenido algo que ver con un patrimonio exhuberante de 50 propiedades, vehículos de lujo y un activo (declarado) de aproximadamente 140 millones de dólares.

Recientemente la justicia le otorgó el privilegio de la prisión domiciliaria, pero la indignación que generó la medida impidió que el «empresario» pudiera regresar a su hogar. Los vecinos del barrio privado de Pilar, donde Báez tiene una de sus tantas propiedades, se manifestaron e impidieron por la fuerza el ingreso del condenado y dejaron muy en claro que no lo quieren cerca. Lo insólito de la situación es que, sin saber qué hacer, las fuerzas policiales decidieron devolverlo a la prisión.

«Nos cerraron la puerta de proveedores que está por una calle lateral, fue un delirio todo lo que pasó», se quejó uno de sus abogados ante la justicia, que determinaba lo que hacer con la curiosa situación. En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal 4 resolvió que Báez volverá a intentar ingresar al barrio privado, pero esta vez en el marco de un operativo de seguridad que logre garantizar la entrada del condenado a su departamento. Seguramente la custodia deberá quedarse adentro, ya que los copropietarios no quieren saber absolutamente nada de su vecino, una de las caras más visibles de la corrupción kirchnerista. Es un misterio el motivo por el cual el beneficiario de la prisión domiciliaria insiste en ir a un lugar, donde podría pasarla peor que en la misma prisión. Puede que una de las razones sea que, vaya a donde vaya, seguramente el repudio lo acompañará.

Las redes sociales festejaron la situación y es comprensible el hartazgo ante la impunidad del poder, lo cierto es que la justicia por mano propia no es el camino para la reconstrucción de una república medianamente civilizada. Con esto no decimos que los vecinos, seguramente honestos trabajadores en el marco de la legalidad, deban convivir con los que representaron la más impune corrupción argentina. Se entiende la indignación. Lamentablemente, la gente le está marcando el pulso a la política, y lo que es aún peor, al poder judicial. El Gobierno de los Fernández de a poco va fomentando la libertad de muchos detenidos de lo que se conoce como «la corrupción K», pero parece que la crisis económica y el coronavirus no son suficiente como para que el pueblo argentino tolere la impunidad.

El año próximo hay elecciones legislativas y es probable que el oficialismo sufra un duro golpe. La justicia debería estar al margen del resultado electoral. Lamentablemente no es así. En 2021 el electorado argentino votará por la renovación del Congreso, pero también votará por un mensaje a la justicia, que en lugar de tener los ojos tapados, por uno espía demasiado el clima político para no quedar en offside.

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