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Peor de lo que se esperaba. El régimen de Nicolás Maduro realizó otro megafraude en las elecciones regionales de este pasado 15 de octubre, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialista le dio al partido oficialista PSUV 17 de las 23 gobernaciones. Esta estafa fue, incluso, mucha más inescrupulosa y evidente que la anterior, la de la elección de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente de julio de este año, que ya es bastante decir.
Tan masivo y descarado fue esta vez el timo, que ahora sí se cierra de plano la vía electoral en Venezuela, al menos hasta que no se den cambios institucionales drásticos. Ello es así aun en el supuesto –casi negado– de que la dictadura llame a unas elecciones presidenciales adelantadas y parte de los partidos políticos opositores concurran a ellas. Porque ¿cuáles votantes estarían dispuestos a salir a votar luego de este episodio? Entonces la abstención sí sería total, que no fue el caso en esta oportunidad, aunque una parte de la oposición llamó a no votar sin un árbitro electoral confiable. Pese a esto, muchos venezolanos salieron a votar.
Es más, pueda o no la dirigencia política agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mostrar las pruebas de ese fraude, el mismo ha sido tan visible que el rechazo internacional no se ha hecho esperar. La sentencia de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, fue elocuente: «Los resultados electorales de hoy son la crónica de un fraude anunciado. Indignan, pero no extrañan. Las dictaduras nunca pierden». En un tono más diplomático, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló: “No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia”, añadiendo que los resultados repiten las irregularidades, incertidumbre y fraude que la organización que preside ha venido denunciando.
Por su parte, Estados Unidos, en un comunicado del Departamento de Estado, no solo condenó “la falta de elecciones libres y justas ayer en Venezuela”, sino que elogió “el coraje, determinación y la voluntad del pueblo venezolano”. También el Gobierno canadiense y otros miembros del llamado Grupo de Lima, próximos a reunirse, expresaron su rechazo a los resultados y al “proceso fraudulento” que cometió el CNE y el Gobierno nacional.
Ante este nuevo capítulo del golpe de Estado continuado, en el que, además, quedó demostrado que la oposición democrática no puede sola, que no tiene cómo enfrentar a la mafia militar y delincuencial que con la ayuda del castrocomunismo y el narcoterrorismo internacional se enquistó en el poder, a la comunidad democrática internacional lo que le corresponde es, por una parte, dejar de presionar –abierta o subrepticiamente como lo ha hecho hasta ahora– por una vía electoral y de diálogo sin condiciones estrictas previas.
Es que luego de esta nueva desfachatez castrochavista, la mayoría de los actores extranjeros que genuina o interesadamente habían tratado de colaborar con una salida electoral y negociada a la crisis venezolana y así parar su inminente colapso, se quedaron sin razones ni argumentos para continuar insistiendo en ella. Hasta a José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper y el resto de “amigos” que más parecen del Gobierno que de la democracia venezolana, les quedará difícil una nueva petición de diálogo para una salida electoral sin hacerle exigencias duras al régimen comunista dictatorial. Hasta ellos saben, como dijo el analista Luis Vicente León, que los resultados fraudulentos “desequilibraron el poder político, por lo que la negociación entre Gobierno y oposición se haría más complicada”. Sería ya una burla demasiado descarada hacia el pueblo democrático continuar exigiéndoles lo que ellos han tratado de cumplir de todas las formas posibles, hasta con la vida de numerosos ciudadanos.
Por otra parte, lo que deben hacer de inmediato esos gobiernos y demás actores de esa comunidad exterior es terminar de ponerse los pantalones largos a pesar de que, como bien ha alertado el analista Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos, “no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar un Estado en esas circunstancias (en la que se encuentra nuestro país) sin violar su soberanía”.
Pese a las limitaciones del derecho internacional y a la segura ofensiva antiimperialista y nacionalista que en consecuencia redoblará el castromadurismo y sus aliados como mecanismo defensivo, los gobiernos de EE. UU, América Latina y los de la Unión Europea deben acelerar el cierre del cerco en torno al régimen. Se acabaron las contemplaciones y excusas.
De tal forma, el Gobierno de Donald Trump debe cumplir las sanciones prometidas y hacer realidad la promesa que tras el reciente fraude electoral reiteró: “poner todo el peso del poder económico y diplomático de EE. UU. para apoyarlos (a los venezolanos) en su búsqueda para restaurar la democracia”. Por au parte, la Unión Europea debe sancionar de una vez por todas a los funcionarios venezolanos incursos en violaciones a los derechos humanos, en narcotráfico y terrorismo, entre otros delitos; incluso contemplar medidas de presión adicionales. En nuestra región, al menos los del Grupo de Lima debería implementar sanciones colectivas e individuales hacia los jefes de la dictadura militar similares a las que vienen tomando los EE. UU. y Canadá, y romper relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela.
Se necesita, a la par, que las fuerzas democráticas nacionales y extranjeras echen mano con contundencia de todos los mecanismos y tratados multilaterales posibles, desde la Corte Penal Internacional hasta la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo). Es la hora del aislamiento total.
Yo creo que muchos de la comunidad democrática internacional terminarán moviéndose con contundencia y no solo porque saben que llegó la hora de las chiquitas y ya el pueblo y la dirigencia opositora venezolana –además sin ayuda militar interna– no puede sola, sino porque hay intereses internacionales de poder, económicos, geopolíticos, migratorios y humanitarios de por medio. Un buen indicio son las declaraciones del diplomático estadounidense Thomas Shannon, visto por muchos como moderado. Hasta él sentenció que la paciencia de la región tiene un límite y que Venezuela es un país demasiado importante para dejarlo a la deriva por años.
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