El centro de investigación The Computational Propaganda Research Project, de la Universidad de Oxford, dio a conocer la semana pasada la investigación Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, que, como su nombre lo indica, indaga el uso de ejércitos cibernéticos y cuentas troll por diferentes gobiernos para influenciar a la opinión pública y llevar a cabo ataques coordinados contra cuentas pertenecientes a personas que no compartían las posturas del gobierno de turno.
Para el desarrollo de la investigación fueron tomados como referencia 28 países, los cuales son: Azerbaiyán, Australia, Baréin, China, República Checa, Alemania, India, Irán, Israel, Corea del Norte, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Corea del Sur, Siria, Taiwán, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Vietnam, y, para en el caso de América, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos y Venezuela. Aunque entre los países tomados hay tanto gobiernos elegidos democráticamente como dictaduras, se evidenció que ambos suelen utilizar diferentes técnicas para atacar la libre expresión de los ciudadanos.
- Lea más: Gobierno Santos paga millonaria suma a agencia de publicidad por publicar tuits
- Lea más: Revelan en Quito oficina de trolls del gobierno de Rafael Correa
En términos de costos, los investigadores establecieron que “La mayor parte de la información presupuestaria destacada en esta sección se refiere a los montos contractuales para una operación”. Esto quiere decir que se proporcionó la información del costo aproximado de uno o varios contratos, no de la inversión total anual.
Por ejemplo, en el caso de Brasil se realizaron pagos por aproximadamente 3 millones de dólares, y el trabajo se realizó antes, durante y después de las elecciones generales y presidenciales. La empresa contratada para dicho trabajo fue la Agencia Pepper. Según la investigación, quienes se encargaron de liderar todo el proceso fueron el Partido de la Social Democracia Brasileña y el Partido de los Trabajadores.
En el caso de Ecuador se pudo establecer que se efectuaron “múltiples contratos a empresas privadas, estimados en 200.000”. El lugar donde se coordinó todo el proceso fue desde el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y las agencias contratadas fueron Ribeney S. A. y Ximah Digital.
Con respecto al caso de México, la investigación evidencia que el gasto realizado fue de 600.000 dólares y quien coordinó el proceso fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una de las personas contratadas para este fin fue Andrés Sepulveda, hacker colombiano procesado en su país por delitos informáticos.
Uno de los gastos más altos reportados por The Computational Propaganda Research Project fue el de EE. UU. Los montos pagados a las agencias van desde los 2,7 millones de dólares, hasta los 42 millones de dólares. Las instituciones que realizaron contratos de este tipo fueron: la fuerza aérea, el Pentágono, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, el Cibercomando de los Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Dos de las agencias contratadas para este fin fueron Centcom y HB Gary.
En los casos específicos de Venezuela y Argentina no se presentaron datos de costos, pero sí afirman que las entidad encargada de coordinar el proceso fue el Ministerio de Comunicaciones de cada país, y la oficina de la presidencia y el partido político Propuesta Republicana para el caso específico de Argentina. Sobre esto, vale la pena traer a colación lo afirmado por los investigadores:
“En los regímenes autoritarios tiende a ser el gobierno quien financia y coordina campañas de propaganda en las redes sociales. En las democracias, tienden a ser los partidos políticos que son los principales organizadores de la manipulación de los medios sociales”.
Para los investigadores es claro que existen usuarios individuales que “pueden difundir el odio, trollear a otros usuarios o establecer campañas de comunicación política automatizada”, sin embargo, estas también suelen ser acciones organizadas “con grandes gobiernos y partidos políticos dedicando recursos significativos al uso de las redes sociales para la manipulación de la opinión pública”.
Aunque el caso de Colombia no fue analizado, es necesario recordar que en la campaña de 2014 del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga salieron a relucir las técnicas empleadas por su equipo para tomar ventajas sobre su opositor. Además, esta semana salió a relucir un contrato efectuado por el Gobierno de Juan Manuel Santos en donde se establecía el pago de USD $24.000 a una tropa cibernética de 30 integrantes.