Células narcochavistas y proterroristas se infiltran entre los mapuches en Chile

Son verdaderos impulsores de la violencia que operan a través de sus franquicias sin importar fronteras

La mayoría de sectores mapuches con demandas atendibles son conscientes de que los conflictos deben ser canalizados institucionalmente. (YouTube)

Los nexos entre sectores mapuches minoritarios, pero altamente violentos con las redes transnacionales de extrema izquierda latinoamericana, van rindiendo sus frutos en pro de la desestabilización política y económica en Chile.

En territorios sureños como La Araucanía la presencia de agentes extremistas ha ido siendo detectada. Estos son canalizados vía las cercanías con dirigentes indígenas reclutados y a los que se incita para cruzar más allá de la radicalización política e ideológica.

La proximidad, por ejemplo, de dirigentes mapuches como Hector Llautil de la Coordinadora Arauco-Mellaco (CAM), con el número dos del chavismo en Venezuela Diosdado Cabello; así como con Jaime Castillo Petruzzi, un viejo conocido en Perú como alto mando del otrora grupo terrorista Túpac Amaru, MRTA, revelan el influjo y el alcance de un conflicto que ha sido de sumo interés —y desde hace mucho tiempo— para el extremismo izquierdista transnacional.

Los registros que diversos sistemas de seguridad e inteligencia de la región han revelado sobre estos nexos son antiguos. La colombiana narcoguerrilla Farc fue ubicada también como cooperante de estos desafíos violentos. Según información de la Policía Nacional de Colombia (2015), las Farc «dieron entrenamiento en Chile a grupos radicales mapuches entre 2009 y 2010».

Ciertamente se estima que la gran mayoría de sectores mapuches con demandas atendibles son conscientes de que los conflictos deben ser canalizados institucionalmente. Se han mostrado así en desacuerdo con la violencia.

Como se anotaba, en la mira se ha puesto al chileno Jaime Castillo Petruzzi, un exmiembro del grupo terrorista peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Este ranqueado operador del extremismo fue excarcelado y expulsado del Perú a Chile donde ahora busca recalentar los conflictos a sus temperaturas máximas. Castillo Petruzzi (quien purgó 23 años de cárcel en suelo peruano por delitos de terrorismo y como miembro de la cúpula del MRTA) fue denunciado en febrero de este año por el Ministerio del Interior chileno por el delito de «apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnan el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales».

Expectorado del Perú y de retorno a Chile en 2016, el exemerretista no ha sido ajeno a la rentabilidad ideologizada y la potencia de riesgo político que supone la «conflictividad mapuche». A inicios de este 2020, en la presentación de un libro sobre el «pensamiento y acción de la CAM» (Coordinadora Arauco-Mellaco señalada por ejecutar acciones de terror en algunas regiones del sur chileno), Petruzzi recetaba a su audiencia: «No va a haber una solución posible, si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las fuerzas armadas, la policía. (…) El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle, o en el campo, o la montaña, como se hace en el sur de Chile, en el Wallmapu. (…) Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político-militar. Mientras más avance la lucha del pueblo chileno en las ciudades y los campos, más va a poder avanzar también la lucha del hermano pueblo mapuche. Mientras más avance la lucha del pueblo mapuche más vamos a avanzar nosotros».

Este tipo de infiltraciones se han venido repitiendo en varios países de la región. La izquierda extrema ha visto la oportunidad de empujar procesos de radicalización que crucen fácilmente hacia el extremismo violento y luego a los actos de terrorismo. Son verdaderos impulsores de la violencia que operan a través de sus franquicias sin importar fronteras.

En estos afanes de confrontación los objetivos políticos se están superponiendo con objetivos criminales y de actividades ilícitas —como el narcotráfico—.

Los escenarios no muestran una simple «violencia rural» o delitos comunes. Las tácticas de terrorismo se han desenvuelto ante la claudicación o la poca cautela por parte de los tomadores de decisiones públicas y políticas, de las instancias de aplicación de la ley y hasta de las fuerzas de seguridad.

A la par, no existen esfuerzos gubernamentales o no gubernamentales por montar y adecuar programas que contrarresten el extremismo violento y den cabida a la desradicalización entre los jóvenes inadvertidos.

En la región se ha dejado el desenlace de los conflictos a discreción de los agentes radicalizadores y proviolentos. ¿Puede continuar llamándose en Chile «violencia rural» a lo que ya claramente constituyen actos de terrorismo con fines políticos? De igual modo, ¿puede en Argentina seguir llamándose «inseguridad rural» a los ataques con móviles ideológicos y políticos que van ocurriendo contra la propiedad privada en el sector agropecuario?

La violencia estimulada que ocurre en Chile —donde los incendios son la marca mayor de violencia— desde hace años puede ser replicada en otros países del continente vía sondeos lentos, la penetración de los conflictos sociales y la manipulación calculada de los reclamos. La letalidad puede acrecentarse si vence la impunidad y si las células extremistas se conectan con redes criminales no ajenos a las pulsiones políticas y de poder en los territorios donde buscan arraigar sus acciones e influencia.

Los sectores mayoritarios mapuches hacen bien en desmarcarse de los actores calculadores que han infiltrado sus demandas legítimas. Deben alzar la voz aún más contra la violencia y no dejar de apostar por canalizar las tensiones de forma institucional sin hacer el juego a quienes buscan que el caos sea la escalera al éxito.

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