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Esta semana, los estudiantes de la mayoría de los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se declararon en huelga paralizando el semestre y las operaciones de la universidad en protesta contra el propuesto recorte de fondos de USD$450 millones y exigiendo una auditoría de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico. Como sabemos, el gobierno de Puerto Rico enfrenta una grave crisis económica que provocó que el Congreso de los Estados Unidos sometiera al gobierno de la isla a la supervisión de una Junta de Control Fiscal federal con la aprobación de la ley PROMESA.
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Hace unos días vi una foto de una estudiante en huelga sosteniendo una cartulina donde exigía una auditoría de la deuda porque el pueblo “merece saber que servicios nos prestaron los bonistas”. Cuando vi esa cartulina, primeramente me reí ante el nivel de ignorancia que había en ese mensaje, pero luego me dio lástima por el nivel de ignorancia; porque esos mensajes son los que terminan en las redes sociales y en los medios influenciando a miles de personas, cuando son mensajes irreales y carentes de lógica. Luego de ver esa fotografía me di cuenta de algo que debí haberme dado cuenta antes; en Puerto Rico hay una gran ignorancia sobre lo qué es un bonista y cual es la función que realiza.
Desde que la crisis económica se agravó y se convirtió en el tema del diario vivir, lo único que se ha hecho ha sido demonizar el término bonista. Hay que señalar que la crisis fiscal se ha convertido en el tema diario en la vida de los puertorriqueños, no porque sea ahora que estamos endeudados, en deuda hemos estado siempre, lo que sucede es que ahora llegó la hora de pagar las deudas y no hay dinero. Como llegó la hora de pagar y los bonistas, como todo prestamista, quieren su dinero, ahora los culpables de la crisis y sus consecuencias son estos. Por eso que decidí escribir esta columna, porque el pueblo, así como esa joven estudiante decía, tiene derecho a “saber que servicios prestaron los bonistas”, el pueblo tiene derecho a saber qué es un bonista. La realidad es que los políticos y líderes con agendas ideológicas ocultas, como los que están detrás de la huelga de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, no quieren que el pueblo puertorriqueño sepa lo que es un bonista, porque entonces se darían cuenta de quienes son los verdaderos culpables de la crisis fiscal que enfrenta la isla.
Primero que nada, la Real Academia de la Lengua Española define a un bonista como una persona que posee bonos o títulos de renta fija. Esa definición hasta el momento parece muy elemental y no explica mucho, es por eso que hay que profundizar más. Un bonista no es mas que una persona que le ha prestado dinero al gobierno a través de la compra de bonos, y esa es la parte que algunos sectores no les gusta que el pueblo comprenda. Se habla mucho del término invertir, y aunque la compra de bonos se puede ver como un tipo de inversión, ya que el bonista invierte dinero en ese bono esperando en algún momento un pago, la realidad es que más que una inversión, es una prestación de dinero. El gobierno de Puerto Rico por décadas ha tomado dinero prestado vendiendo sus bonos para muchas cosas, entre esas proveer los servicios que el Estado da y mantener la burocracia. El gobierno ha tomado sobre USD$70.000 millones en dinero prestado para mantener el Estado paternalista que tenemos hoy.
¿Quién termina pagando la deuda?
Usted que paga impuestos. Porque no la paga la clase no productiva que vive subsidiada por el Estado, la llamada “familia subsidio”, la paga usted con los impuestos por ingreso, los impuestos municipales, el impuesto a la venta, el impuesto a la propiedad y la gran cantidad de impuestos bajo los que el puertorriqueño trabajador y productivo vive sometido. En Puerto Rico se ha creado esta imagen perversa y mal intencionada de que todos los bonistas son “avaros capitalistas”, a los que solo les interesa cobrar su deuda y no los intereses del pueblo. Algo fuera de la realidad, porque hay un grupo de bonistas que son maestros del sistema educativo público, y ellos definitivamente no son “malvados capitalistas multimillonarios”. El bonista del patio tampoco es un multimillonario capitalista y esos también han perdido grandes cantidades de dinero con esta crisis. Un gobierno que no gasta, es un gobierno que no tiene que tomar prestado y por ende no tiene que caer en los problemas en los que está metido el gobierno de Puerto Rico hoy.
¿Por qué digo que el mensaje escrito en la cartulina de aquella joven estudiante es uno ignorante y carente de lógica?
Porque un bonista no da ningún servicio, el bonista solo presta el dinero para obtener una ganancia futura en intereses como el accionista que compra acciones en una empresa para obtener dividendos. Quien da el servicio es el Estado, que toma el dinero prestado bajo esa excusa. Si hay que auditar a alguien, en todo caso, es al Gobierno, que fue quien tomó el dinero prestado y lo gastó. Bajo ese pretexto, entonces, los bonistas tienen más fuerza moral para exigir la auditoría que la misma ciudadanía, ya que ellos fueron los que prestaron su dinero. Recientemente supe de un ciudadano de clase media que perdió más de USD$100 mil en los bonos que compró. ¿Ese ciudadano es un “malvado capitalista” porque está exigiendo el dinero que prestó? Señores, prestar es muy diferente a regalar, tengan eso bien presente. Lo que sucede es que la “familia subsidio” o a la “batata política” no le conviene que se tenga consideración con ese ciudadano que prestó USD$100 mil para proveerle fondos a los servicios que consume gratis la “familia subsidio”, y con los que le pagan el sueldo a la “batata política”.
Ni la Universidad de Puerto Rico, ni los estudiantes en huelga, por ejemplo, tienen fuerza moral para exigir una auditoría de la deuda, ya que la famosa “autonomía o independencia universitaria” siempre ha sido un engaño. La UPR siempre ha sido otra agencia del gobierno mas, llena de “batatas políticas” y llena de gastos innecesarios para garantizar la comodidad de los estudiantes. No me mal entiendan, dentro de la comunidad universitaria son miles los estudiantes que no ven la hora en la que terminar sus estudios para poder continuar con sus vidas profesionales y metas, y que también trabajan para poder financiar sus vidas, pero también están los miles a los que les encanta ser estudiantes porque convierten la famosa beca Pell en un salario y la universidad, prácticamente en su empleador.
Si la UPR quería sobrevivir a la crisis entre las muchas cosas que tenía que hacer era eliminar programas académicos que no tienen demanda, pero si un rector propone semejante cosa elemental, rápido sale un grupito a decir que se están violando los derechos de los que quieran estudiar esa carrera. Esos mismos grupitos exigen que la universidad esté libre de la influencia del Gobierno, pero por nada del mundo quieren que la universidad deje de recibir el dinero de los impuestos de la gente porque “la UPR no es un gasto, es una inversión”.
Sí, la UPR es una inversión, en eso tienen razón, pero no es una inversión para la gente. La educación universitaria no es un derecho, es una inversión personal de la cual el estudiante espera o busca sacar provecho en el mercado laboral. Los que piden que la educación universitaria sea un derecho, lo que están pidiendo es que otro sea quien la pague. Yo estoy de acuerdo con los líderes de la huelga; hay que auditar la deuda, pero hay que auditarla empezando con la UPR y eso es lo último que ellos querrían, porque demostraría la cantidad de dinero que el pueblo derrocha en una universidad que nunca ha sido independiente ni auto-sostenible, y cuya calidad educativa baja cada vez más en los ranking mundiales.
Si la UPR pierde su acreditación y muere, los culpables fueron los huelguistas. Estamos de acuerdo en que la UPR era posiblemente la mayor herramienta de desarrollo económico en Puerto Rico, pero los grupitos la sentenciaron a muerte por razones ideológicas. Desde el principio dije que esa huelga no va para ningún lado, porque los tiempos cambiaron. Este no es el año 2010. Para empezar, a diferencia del año 2010, la mayoría de la ciudadanía no respalda a los huelguistas. Su credibilidad está por el piso gracias a su inmadurez y al baile, botella y baraja. Esta vez los huelguistas no están enfrentándose al gobernador de Puerto Rico y a políticos electos que solo les importa su reelección. Esta vez se enfrentan a una junta compuesta por personas no electas que tienen una encomienda que están decididos a cumplir.
La UPR corre el riesgo de perder su acreditación, los contribuyentes así se ahorran USD $450 millones, las universidades privadas continuarán creciendo, mejorando la calidad de su educación, la junta someterá a la universidad al Título 3 de la ley PROMESA dando paso a la venta de recintos que hace tiempo que debieron haber sido cerrados y la universidad así tardará años en volver a ser acreditada. Y eso solo caerá en las manos de los huelguistas que decidieron optar por la fantasía en momentos donde solo impera la realidad.
