English Version
Una de las estrategias mejor logradas por los dictadores cubanos para mantener subyugado al pueblo lo ha sido por siempre, privarlo de toda posibilidad de defenderse.
Decía un jurista de los años 30 del pasado siglo refiriéndose al sistema de justicia Hitleriano: “ La Ley es un arma y el Juez, con la Ley en sus manos, es un soldado más de la revolución…”
No hay mejor descripción del sistema de justicia cubano, no les quepa ninguna duda, pues ningún derecho está garantizado, su respeto depende de la voluntad del gran dictador.
Pero no es sólo la falta de garantías jurídicas las que afectan al pueblo, sino también la indefensión total de la que es víctima.
- Lea más: Régimen castrista suspende licencias para pequeños negocios de cubanos
- Lea más: “No están solos”: senador Marco Rubio asegura a venezolanos que Maduro no es Castro y caerá
En Cuba el servicio de defensa jurídica sólo puede ser ejercido por abogados que pertenezcan a los llamados Bufetes Colectivos, es decir, a una organización diseñada por el Gobierno para hacer creer que el pueblo cubano tiene garantizada su defensa ante cualquier injusticia, eso es, abogados escogidos por los dictadores, los demás abogados graduados de las mismas universidades, salidos de las mismas aulas, no pueden ejercer ese servicio, ni para ellos mismos.
Por ejemplo, en el año 2008 fui sujeto a un proceso penal y como abogado que soy, no pude asumir mi defensa, es más, en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista donde estuve detenido, me negaron incluso la entrada de la Ley de Procedimiento Penal, el Código Penal y la Constitución.
Pero el mayor problema de éstos Bufetes Colectivos es su inaccesibilidad para la gran mayoría del pueblo cubano.
Les explico, además del costo del contrato jurídico que puede llegar a ser superior a 400 pesos, eso es, casi 20 veces más del salario promedio mensual del pueblo, el interesado tiene que afrontar gastos astronómicos imposibles de asumir, de lo contrario tiene que conformarse con un abogado de oficio provisto y financiado por el Estado, que generalmente se enteran del asunto a defender pocas horas e incluso minutos antes del juicio.
“Estuve casi una semana para poder contratar a un abogado para defender a mi hijo acusado de tenencia de arma blanca. Ningún abogado se interesaba de mi caso, todos me daban evasivas. Ya casi sin esperanza le supliqué a un abogado del Bufete Colectivo de la Palma, municipio de Arroyo Naranjo el que por fin accedió asumir la defensa de mi hijo, no sin antes decirme: Voy a asumir la defensa de su hijo, pero tiene que darme para comenzar CUC $100 (USD $100) . Aun estoy pagando la deuda que contraje para pagar la defensa de mi hijo y lo peor del caso es que además tuve que pagar el contrato jurídico y la multa que le puso el tribunal a mi hijo, prácticamente contraté al abogado por gusto”, me comenta una madre víctima de los Bufetes Colectivos.
“Tuve que pagarle al abogado los viajes en auto que hizo a la prisión para entrevistar a mi hijo. Sólo entre pasajes y meriendas tuve que desembolsarle más de 200 CUC (USD $200), aparte del contrato jurídico y los 500 CUC (USD $500) que me cobró por los servicios de defensa, es un abuso”, dice un padre de familia víctima también de los Bufetes Colectivos.
Al comentarle esta situación a un abogado de Bufete, me comenta: “Tenemos que hacerlo así, el mismo Gobierno nos obliga pues lo que ganamos no nos alcanza ni para alimentar a la familia, menos para realizar los viajes para servir a los clientes. Por cada contrato jurídico que realizamos, el Estado nos paga una migaja, el grueso se queda en sus manos”.
Adicionalmente agrego el testimonio en video de Onésimo, quien nos relata cómo y cuánto debe gastar para procurar la libertad de su hermano que está detenido fuera de La Habana, lo cual agrega a sus costos los viajes a la prisión. Cada viaje del abogado equivale a 3 sueldos promedio de un cubano.
El Estado cubano ha condenado a sus ciudadanos a una prolongada dependencia que a su vez se traduce a la ineficiencia. Los costos de una defensa digna son inviables. Solo pueden ejercer quien el régimen designa. Y aquellos designados operan bajo un sistema que les otorga el caso poco antes de la fecha, lo cual les impide ejercer su profesión con la rigurosidad que exige. Donde no hay libertad no puede haber justicia. Por eso el régimen se encarga que ambas falten, porque la una no puede existir sin la otra.
Discusión sobre post