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El 30 de julio del año pasado, el régimen de Nicolás Maduro impuso, empapada de sangre, la Asamblea Nacional Constituyente. Al día siguiente eran pocas las naciones occidentales que no se habían pronunciado en contra del dantesco fraude y de la derogación final de la República.
Ese día las reglas del juego cambiaron. Venezuela pasó a ser un Estado forajido dominado por un totalitarismo capaz de controlar cada parcela de poder.
Semanas antes de ese domingo, se recuerda cómo hubo debates aislados en los que se llegaba a sugerir que lo adecuado era que la oposición participara en el ilegal proceso para, supuestamente, obstaculizar la imposición de la Constituyente.
Afortunadamente las discusiones jamás trascendieron y al final toda la oposición decidió no participar en el delito.
Maduro logró imponer la Constituyente, cierto. Pero lo iba a hacer con electores en las filas o sin ellos. Sin embargo, la ausencia de un rival en la parodia derivó en que el proceso fuese desconocido por las naciones comprometidas con la lucha por la democracia en Venezuela.
Durante los días siguientes se aplicaron más sanciones, hubo declaraciones más sólidas y se acentuó el cerco al régimen.
Al penalizar personajes vinculados a la industria petrolera y a importantes funcionarios de la dictadura, todo se le complicó mucho más a un sistema cada vez más agónico.
La Revolución Bolivariana se erigió sobre una abultada billetera; y un régimen que se alzó sobre el dinero no puede perdurar con la falta de este. Cuando la pasta escasea empiezan a surgir las diferencias entre las mafias y los delincuentes; el delirio en torno a la utopía chavista merma y el desmoronamiento se acelera.
Ya lo vemos: disputas entre los rojos; antiguos cabecillas que se apartan y huyen de la opresión para denunciar a los opresores. Ello va ocurriendo porque la coacción ha hecho efecto —y, sobre todo, la presión económica—.
Si bien durante el año pasado la heroica gesta de los jóvenes en las calles logró que se encendieran las alarmas de la comunidad internacional, fue la convocatoria de la ilegal Asamblea nacional Constituyente lo que se convirtió en el punto de quiebre.
Y ahora podríamos tener frente a nosotros una nueva oportunidad, pero mucho más favorable, para cambiar completamente el escenario y poder, en consecuencia, lograr el acontecimiento que permita el rescate de la libertad.
En enero de este año la ilegal Asamblea Nacional Constituyente ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre. La institución chavista acató y decidió que el 22 de abril sería el día del fraude.
Desde un principio el horizonte era claro: esas elecciones, al estar subordinadas a la ilegítima Constituyente y debido a la ausencia de condiciones pertinentes, son inaceptables por lo que lo adecuado es no ser parte del fraude. Pero, evidentemente, el debate debía darse entre los moderados y mediocres.
Al final, tras del fracaso del diálogo y del sólido rechazo de la comunidad internacional al fraude, las «oposiciones» relevantes en Venezuela decidieron retirarse de la contienda. Ahora todo sugiere que Nicolás Maduro terminará yendo solo a la parodia electoral del 22 de abril.
Ese, afortunadamente, es el mejor de los escenarios.
Ya la comunidad internacional —las naciones occidentales amigas de la democracia en Venezuela— lo dejaron claro: no apoyarán ni reconocerán nada que derive del fraude electoral de las presidenciales.
Si Maduro insiste con el crimen e intenta reelegirse, inmediatamente después será desconocido por la inmensa mayoría de países democráticos (la Unión Europea y América). En ese momento todo el panorama cambia para él y para su régimen.
Ya ninguna nación lo llamará presidente jamás. Su administración pasará a ser ilegítima y, por lo tanto, se justificará la edificación de una alternativa real. Será, asimismo, un imperativo.
Se acentuarán las sanciones y toda acción internacional podría enfocarse en concretar un cambio de régimen en Venezuela. La presión aumentará, porque ya no se trata del repudio a un armatoste ilegal y abstracto como la Constituyente, sino a la cabeza de todo el sistema.
No obstante, todo ello solo será efectivo si internamente se estructura una alianza mayor en torno al propósito de deponer al régimen. Se vuelve también urgente la necesidad de constituir esa verdadera unidad que se aparte de la ruta electoral y logre imponer una agenda coordinada con la comunidad internacional.
Si se armoniza un verdadero movimiento de fuerzas internas y externas con el único fin de concretar un verdadero cambio de sistema, la participación de Maduro en la pantomima electoral, sin ningún contrincante serio que se preste para avalar tal proceso, podría ser el preludio del fin de la tiranía.
Como con la Constituyente, se debe permitir que Maduro avance en su intento de consolidar el totalitarismo. Mientras, se vuelve menester la formación de ese movimiento que logre aprovechar una oportunidad inimitable para lograr el rescate de la libertad.
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