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Según la Comisión de Paz del Congreso, el «posconflicto» costará entre $50 y 90 billones de pesos colombianos (entre USD $17.067.379.371 y USD $30.721.282.867) Los acuerdos FARC-Santos implicarán importantes inversiones en burocracia, infraestructura y capacitaciones. Aunque ciertos países y organizaciones internacionales entregarán dinero al Gobierno, gran parte del dinero saldrá de los contribuyentes colombianos.
Ante esta avalancha de costos, algunas instituciones han visto una oportunidad. Muchas de ellas ya han recibido millonarios contratos durante el proceso Santos-FARC. En el PanAm Post le contamos cómo ONG, instituciones educativas y empresas privadas capitalizan el tema de la «paz» en Colombia.
Ceremonias, seminarios y encuentros por la paz
El proceso de paz y el «posconflicto» han implicado cientos de eventos y ceremonias. Varias de esas ceremonias han sido costosas para los ciudadanos. Por ejemplo, solo la operación logística de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre del 2016, costó $4.500.000.000 COP (USD $1.536.076). Por su parte, la producción de la transmisión del evento tuvo un valor de $ $1.200.000.000 COP (USD $409.620).
Además de la ceremonia en donde se firmó el acuerdo, el Estado colombiano ha sufragado muchos otros encuentros y seminarios «por la paz» de Colombia. Es el caso del World Summit of Nobel Laureates. A este evento acudieron varios académicos, políticos y periodistas de todo el mundo. Aunque el evento contó con la financiación de varios gobiernos extranjeros, empresas y organizaciones internacionales, el Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, entidad que recibe el apoyo del Gobierno bogotano, aportó unos $799.342.318 COP (USD $272.855).
Las ONG especialistas en asuntos de paz
El país tiene varias ONG especializadas en paz. Algunas de estas instituciones están recibiendo dinero público relacionado con de las negociaciones de paz y el «posconflicto». Es el caso de organizaciones como Observatorio para la Paz, Redepaz o Fundación Ideas para la PAZ. En el PanAm Post le contamos quiénes representan estas corporaciones y cuánto dinero reciben del Gobierno Santos.
Observatorio para la Paz
Observatorio para la Paz es una organización creada por exintegrantes del M-19, quienes también la han dirigido durante años, es el caso de Otty Patiño o Vera Grabe.
La institución lleva años ofreciendo cursos y seminarios sobre resolución pacífica de conflictos. Aunque el Observatorio para la Paz es una organización no gubernamental, esta ha logrado millonarios contratos con el Gobierno Santos. Según datos de la Secretaría de Transparencia Económica, de 2013 y hasta el 2016, esta ONG ha firmado contratos con el Estado por más de $7.000.000.000 COP (USD $2.4000.000).
Fundación Ideas para la Paz
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento que se declara independiente. La FIP fue fundada por varias empresas y representantes de familias asociadas con el poder del país. Apellidos como Santos, Obregón y Santodomingo están vinculados con esta fundación. El propósito de la FIP es «contribuir a la construcción de una paz estable y duradera».
Aunque la FIP se declare independiente, ha obtenido importantes contratos con el Gobierno Santos en el contexto de la negociación con las FARC. Desde 2013 la FIP ha ganado contratos con el Estado por más de $13.000.000.000 COP (USD $4.500.000). En este contexto vale la pena cuestionar la «independencia» de una organización ligada a varios empresarios del establecimiento colombiano. Los generosos contratos entre el Estado colombiano y la FIP también ponen en tela de juicio la independencia de la organización.
Los contratos de la FIP con el Gobierno Santos durante los últimos años (Secretaría de Transparencia Económica).
Redepaz
Redepaz es una red de organizaciones «por Paz y contra la Guerra«. Esta red incluye diversas asociaciones civiles, como el Movimiento Nacional de Mujeres Constructoras de Paz o la Red de Jóvenes por el Desarme.
Aunque los contratos de Redepaz son más modestos que los de Fundación Ideas para la Paz u Observatorio para la Paz, esta red también tiene importantes contratos con el Estado. De 2013 a 2017 Redepaz recibió más de $1.500.000.000 COP (USD $512.028) en contratos con el Gobierno Santos.
La burocracia de la paz
No solo las ONG se encargarán de ejecutar los recursos para el «posconflicto», el Estado también ejecutará buena parte de esos proyectos. El Gobierno Santos ha creado múltiples instituciones encargadas de tratar temas relacionados con la paz y el «posconflicto». La Alta Consejería para el Posconflicto, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Tribunal de Paz son ejemplos de la burocracia creada por el Gobierno Santos para este fin.
Dadas las prácticas clientelistas típicas que aplican los gobiernos colombianos, se espera que muchos de los contratados por el Gobierno sean cercanos a políticos afines a Santos. De acuerdo con expertos en temas electorales consultados por el PanAm Post, se espera que el Partido Liberal sea uno de los que beneficie de la contratación de burócratas.
Universidades, instituciones educativas y los temas de paz
La burocracia de la paz necesitará títulos para acreditar su contratación. En ese sentido, varias universidades e instituciones educativas del país se han enfocado en promocionar diplomados, especializaciones e incluso maestrías en temas de paz. El país vive un boom de programas de este estilo.
Universidades como la ESAP, La Sabana, el Politécnico Grancolombiano, el Minuto de Dios, del Norte, El Bosque y la Javeriana tienen diplomados sobre el tema. Los costos de estos oscilan entre los $1.200.000 COP (USD $409) (Politécnico) y los $2.900.000 COP (USD $989) (Sabana).
Algunas universidades van más allá y ofrecen especializaciones y maestrías en temas de paz. Entre quienes ofrecen lo primero están la ESAP, la Nacional, la Javeriana de Cali y Los Andes. Entre quienes ofrecen lo segundo están la Javeriana de Bogotá, Los Andes y el Externado.
La mayor parte del dinero que destinan las universidades privadas para abrir estos cursos académicos es de las mismas universidades. Sin embargo, de acuerdo con personas ligadas a varias universidades privadas del país, ciertas instituciones educativas reciben apoyo financiero del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para sufragar los gastos de profesores internacionales que participan en esos cursos.
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¿La «paz» como negocio?
Es razonable pensar en qué se gastarán los recursos económicos ante un hecho político de la relevancia de la firma de un acuerdo de paz. No obstante, la pompa de la ceremonia de la firma del acuerdo Santos-FARC fue evidente. Un país con los problemas económicos y sociales de Colombia debería ser austero en los gastos relacionados con ceremonias.
Las ONG, sin importar su ideología, son esenciales para las democracias liberales, sin embargo, las instituciones que se declaran independientes deberían blindarse del poder del Estado y evitar pactar con él mediante millonarios contratos.
Es evidente que los temas de paz están siendo capitalizados económicamente por varias instituciones educativas del país. El papel de la academia en la sociedad debe implicar la apertura a la crítica y al debate. Tristemente, en muchos de los programas de paz predominan las voces de la izquierda revolucionaria, cerrando así las opiniones que surgen de otras orillas.
En un contexto político tan difícil como el colombiano, es necesaria la independencia de actores como las ONG y la academia. Ojalá que la financiación estatal no termine con ella.
