English Version
La más grande torta que se le recuerde a un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que es experto en repostería (las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, universalmente calificadas como un golpe de Estado que eliminan la inmunidad parlamentaria y las competencias a la Asamblea Nacional del país suramericano), fue parcialmente remendada con dos sentencias, aparecidas de madrugada (las 157 y 158), en las que se suprime, de las decisiones 155 y 156, las referencias a los límites de la inmunidad parlamentaria y la arrogación por parte del Supremo, de las competencias legislativas.
- Lea más: Por qué la sentencia del Tribunal Supremo es el fin del chavismo en Venezuela
- Lea más: Autogolpe de Estado en Venezuela: Minuto a minuto.
Hasta el momento de escribir estas líneas en el PanAm Post, las sentencias 157 y 158 se quedan en un enunciado: la página web del Tribunal Supremo de Justicia no las abría, y ahora, simplemente, está colapsada con la cantidad de personas intentando ingresar a ellas. Lo interesante es que fueron publicadas aproximadamente a las 2:40 de la madrugada de este sábado 1 de abril, dos horas después de que el Consejo de Seguridad de la Nación, convocado por Nicolás Maduro, “exhortara” a la Sala Constitucional a revisarlas; exhortación que se deriva, a su vez, de las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien calificó las sentencias como una “ruptura del orden constitucional”.
@puzkas Según esto, en la 157 se suprimen la eliminación de la inmunidad parlamentaria y en la 158 las atribuciones de la AN a Maduro. pic.twitter.com/gdLQy6PyKR
— Jesús Peñalver (@jpenalver) April 1, 2017
“Ha habido una victoria constitucional”, afirmó Maduro, a las 12:30 de la madrugada, cuando en una cadena de radio y televisión, en la que estaban los representantes de los poderes públicos (por cierto, faltaba Ortega Díaz, por razones que vamos a citar más adelante) anunció la decisión del Consejo de Seguridad de la Nación, consejo que, por cierto, no tiene entre sus atribuciones las de dirimir controversias entre poderes, cosa que el mandatario había afirmado en una alocución previa, a las 7:00 (hora local), en la que, sin nombrarla, le dijo a Ortega Díaz que “las controversias no pueden ser llevadas a situaciones extremas” y la acusó de haber causado “una fiesta en la derecha venezolana y mundial”.
¿Dónde estamos?
A falta de más datos, estas dos sentencias, que no podían ya “corregirse” porque, como lo indica el abogado José Ignacio Hernández, ya se habían vencido los plazos para ello, nos retrotraen a la situación del lunes 27: los diputados ya no pueden ser enviados a un tribunal militar, ni tampoco puede la Sala Constitucional arrogarse la función de legislatura.
Pero como señala el propio Hernández, hay 46 sentencias que condenan a la Asamblea Nacional a no tener funciones, por la figura, también ilegal e inconstitucional, del “desacato” al Tribunal Supremo de Justicia.
¿Será esto suficiente? A los ojos de la comunidad internacional, y también, muy probablemente, del país (hoy se comenzará a ver, en un rato, si la oposición ha recuperado poder de convocatoria), seguramente no lo será. Pareciera que la comunidad internacional, incluyendo la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos, y por supuesto, también, dentro de ella, Mercosur y Unasur, la Unión Europea, y hasta la misma ONU, están hasta el gorro de Maduro y sus abusos contra la oposición.
Por lo pronto, para el lunes está convocada una nueva sesión de la OEA, aunque la anterior fue calificada anoche como un “show”, por Maduro, que reincide en el argumento de rechazar las injerencias extranjeras; Unasur y Mercosur se pronunciarán hoy; ya se pronunciaron la Conferencia Episcopal Venezuela y la Academia de Ciencias Jurídicas de Venezuela. Ambas calificaron la situación de golpe de Estado.
Las consecuencias
En las últimas 24 horas se ha creado una matriz de opinión, según la cual Maduro “ordenó” a Luisa Ortega Díaz señalar que había ocurrido una ruptura del orden constitucional, para lavarle la cara al Gobierno, y que este pudiera hacer contención de daños, retroceder la situación del país a la del lunes. Esa tesis es compartida por todos los que ven en el chavismo un equivalente político de Garry Kasparov, capaz de predecir que le va a dar jaque mate a cualquier mortal en una partida de ajedrez dentro de 37 jugadas.
Lo cierto es que, como decía antes, la silla de Ortega Díaz estaba vacía, pero no fue por su propia decisión. A ella le tocaba, dentro del orden rotatorio del Consejo Moral Republicano (Fiscalía-Contraloría-Defensoría del Pueblo) ser la presidenta este año; pero la desconfianza hacia su figura viene de antes. A comienzos de 2017 la esquivaron y nombraron presidente del CMR a Tarek William Saab, una figura completamente manejable por Maduro y su equipo.
Tanto la comunidad internacional como la población de Venezuela tienen que tener claro que la ruptura constitucional denunciada por todos los factores de poder internacionales y por la fiscal general no se resuelve simplemente retrotrayendo la situación a la del lunes 27.
Es necesario presionar y exigir que se respete la soberanía de la Asamblea Nacional, que cese el desacato del Tribunal Supremo de Justicia y que los miembros de la Sala Constitucional, que han vulnerado gravemente el funcionamiento de Venezuela, desde enero de 2016, sean cesados en sus funciones y sustituidos por magistrados independientes.
Esa es la lucha que hay que dar en este país comenzando abril de 2017.
