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Con impunidad: así empieza Uruguay a parecerse a Venezuela

By: Priscila Guinovart - @PrisUY - May 31, 2017, 2:40 pm
(Deber)
Los uruguayos somos algo arrogantes. Tendemos a hablar siempre del “paisito” en superlativo: el más liberal, el más europeo, el más alfabetizado, el más estable de América Latina. (Deber)

“No hay peor ciego que el que no quiere ver” afirma el dicho popular, y en Uruguay, la ceguera voluntaria parece ser una especie de epidemia que obnubila (en el mejor de los casos) cualquier rastro de razón.

Son muchos los que se apurarían a aseverar, sin el menor rastro de duda, que Uruguay jamás será la Venezuela del Cono Sur. “Esas cosas – hambre, represión y dictadura – ya no pasan acá” sentenciaría más de un oriental, y no necesariamente porque la situación en el país caribeño sea tolerada por el pueblo uruguayo (en oposición a su gobierno) sino porque honestamente se cree imposible que tales eventos puedan reproducirse en Uruguay.

 

Los uruguayos somos algo arrogantes. Tendemos a hablar siempre del “paisito” en superlativo: el más liberal, el más europeo, el más alfabetizado, el más estable de América Latina. Tales calificativos han sido históricamente ciertos, con Costa Rica y Chile como única “competencia” (en su más positiva acepción). Sin embargo, eso no elimina en absoluto las chances de que algo terriblemente podrido pueda gestarse y cambiarlo todo.

Venezuela fue en su momento más rica que Noruega y una de las excepciones a la serie de dictaduras que carcomieron al continente durante la década de los 70. Para un venezolano los horrores del presente también fueron inimaginables. El “a nosotros nunca” es una de las posturas más ignorantes e irresponsables que podemos tomar.

En Uruguay, las señales nos sobran. Estamos optando por minimizarlas o simplemente actuar como si no estuviesen allí. El pasado 23 de mayo, la Comisión de Constitución y Códigos del senado aprobó la derogación del delito de abuso de funciones, con apoyo frenteamplista únicamente. Pocas medidas atentan tan directamente contra los cimientos de la república y la democracia.

¿Cuál es el objetivo del Frente Amplio? ¿Por qué, si apuestan como aseguran, a la transparencia gubernamental, han de aprobar una medida que va en sentido contrario? ¿De qué se escuda el gobierno? Si una ley está incompleta, se modifica, pero no se deroga. ¿Cuánto tienen que ver los escándalos de PLUNA y ANCAP, por nombrar los rimbombantes, en esta decisión que, reitero, fue unánime?

Sepan disculpar mi suspicacia, pero todo huele a amiguismo, a salvataje, a atajo. El exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia, procesados ambos por el caso PLUNA, se verán beneficiados con la derogación en cuestión.  Y no es impensable extender tales favores a futuro, o, en criollo ¿quién no tendrá que rendir cuentas ante la Justicia gracias a esta votación?

Para predecir que Uruguay bien podría convertirse en Venezuela basta ver la relación que el país oriental -o, con más precisión, su gobierno – mantiene con el régimen dictatorial de Maduro.

Mucho se ha hablado del “silencio del Frente Amplio con respecto a Venezuela”, pero ya es hora de ver que ese silencio no es tal. El Frente Amplio actúa a favor de Nicolás Maduro, le es más que fiel: le es funcional.

El plenario del partido de gobierno votó por unanimidad (como suele hacerlo, pues da cero espacio al desacuerdo y al debate) la aprobación de un comunicado que respalda el actuar del presidente Tabaré Vázquez con respecto al conflicto venezolano, en el que pretende no aislar al país sino apostar al diálogo.

No nos equivoquemos, esto no es silencio, esto es una clara complicidad con una dictadura. Nicolás Maduro no tiene la intención de dialogar. ¿Con quién pretende hacerlo entonces Vázquez? ¿Con el papa Francisco, a quienes los muertos de Venezuela parecieran no importarle?

Por otra parte, esta votación (que llama a respetar la soberanía venezolana) desprecia el accionar de Luis Almagro, secretario general de la OEA, o, en palabras del comunicado:

“rechazar la actitud que ha venido desarrollando en este tema la Organización de Estados Americanos en la figura del Sr. secretario general Dr. Luis Almagro Lemes, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana, sin contar para ello con un mandato expreso del Consejo Permanente de OEA”.

El “mandato expreso” al que se alude en esta carta no existe. El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana expresa que:

“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.”

Almagro está perfectamente habilitado para tomar las medidas que viene tomando. El que no está respetando ni la Constitución ni los derechos humanos es Nicolás Maduro. Entre Almagro y el heredero de Chávez, sólo hay uno que se adjudica poderes que no le corresponden.

El gobierno uruguayo aprueba, sin vergüenza alguna, la dictadura de Maduro. Comienza, asimismo, a bañar de impunidad a sus directores y funcionarios. Es así como empieza. Y un día nos despertaremos y ya no seremos el país más liberal, ni el más estable, ni el más “todo eso que nos hace sentir a salvo”.

Ojalá me equivoque.

Priscila Guinovart Priscila Guinovart

Priscila Guinovart es docente y escritora uruguaya. Ha colaborado con distintos medios de América Latina, EE.UU. y Europa. Vivió en Londres, donde escribió su libro "La cabeza de Dios". Síguela: @PrisUY.

Economía de Colombia no repuntará mientras impere la intervención estatal

By: Javier Garay - @Crittiko - May 31, 2017, 2:31 pm
(Twitter)

La publicación del dato de crecimiento económico en Colombia generó desánimo. Aunque sabemos que la medición del PIB es muy limitada para capturar el comportamiento real de creación de riqueza en una sociedad, nos indica la tendencia general. Ante los malos resultados, ya muchos están pidiendo una mayor intervención del Estado. No obstante, es necesario reconocer que la situación económica actual es resultado precisamente de pequeñas decisiones gubernamentales, bienintencionadas, que se fueron acumulando y que, en el agregado, han generado tales daños, que el resultado puede ser no un par de meses malos, sino una difícil crisis en los próximos años. Lea más: Senador Benedetti amenaza con fin de proceso con FARC si su candidata no llega a Corte Constitucional de Colombia Lea más: Colombia: El paro de Fecode es un paro contra la sociedad Ahí está el caso del control de tasas de interés por parte del Banco de la República. Hoy se pide que se bajen las tasas, pero la verdad es que las decisiones siempre serán reactivas y, por lo tanto, equivocadas. Por definición, éstas dependen de información pasada. Por definición, no hay flexibilidad sino que todo el país debe esperar hasta la reunión de la Junta. Se teme que si el Banco central no controlase las tasas, podrían ser mayores. Pero no se piensa que esto depende de la competencia, muy limitada por demás, que deben afrontar los bancos comerciales. Lo dicho. Intervenciones equivocadas, incrementales y generación de inmensos daños y distorsiones. También están los programas estatales para afrontar la desaceleración (esto es, el mediocre crecimiento). El Plan de impulso a la productividad y el empleo (Pipe I y Pipe II) y más recientemente Colombia Repunta. Aunque los tres incluyen políticas adecuadas, como alguna reducción arancelaria y tributaria, estas tienen dos problemas. Primero, son concesiones de corto plazo, mientras pasan los problemas. (¡Como si fueran un favor del gobierno y no una inaceptable intromisión en primer lugar!) Segundo, no son generales sino para beneficiar a algunos sectores y en algunos aspectos. Entre otras, por estas razones son suficientes. (Debe señalarse que, fuera del discurso de justificación, estas medidas demuestran que incluso las autoridades son conscientes de lo indeseable de sus intervenciones. Si en momentos de crisis promueven el libre comercio y disminuyen impuestos es una forma de reconocer que al imponer esas medidas lo que generan es trabas al crecimiento en momentos de no crisis, ¿no?) Pero los programas no solo incluyen políticas adecuadas – aunque insuficientes. También incluyen recursos estatales directos para ciertos sectores. Estos no funcionan porque para la asignación de esos recursos no priman las consideraciones técnicas (como cuál empresa merece más los recursos porque, además, no existe ningún criterio adecuado, irrebatible que defina cómo medir el merecimiento) sino las consideraciones políticas (porque ni los políticos ni los burócratas cuentan con la información necesaria para tomar una decisión informada, fuera de las conexiones y las recomendaciones). Además, esto obliga a que los demás ciudadanos de Colombia paguen por la promoción de algunos sectores o empresas. El gasto público se financia por impuestos, como los generados por la recesiva reforma tributaria aprobada a finales de 2016 o por deuda pública, que algún día tendrá que pagarse vía impuestos. Así, todos pagamos para beneficiar a unos pocos, sin que esto necesariamente se vea reflejado en mejoras en productividad, en más empleo, en mayor creación de riqueza ni en mejoras de calidad de vida. Incluso se promueve, mucho más en momentos de crisis, una rivalidad negativa entre los empresarios, no por complacer las preferencias de los consumidores, sino por acceder a recursos politizados. En el largo plazo, esto lesiona la frágil confianza entre individuos y la senda hacia la impersonalización, necesaria para que el mercado crezca, sea más complejo y, por lo tanto, satisfaga mejor los deseos y necesidades de los individuos. Como si fuera poco, estos programas tienen serias debilidades. Se hacen proyecciones alegres, como cuántos trabajos se crearán o cuánto crecerá la economía. Ignoran la incertidumbre, las consecuencias no anticipadas y la no necesaria relación lineal entre intenciones – implementación – resultados. Se estimulan sectores, los que los políticos y/o burócratas, en su inmensa sabiduría, consideran que deben estimularse. Justifiquen como justifiquen sus decisiones, el punto es que la fuente del crecimiento no se puede anticipar. Al privilegiarse algunos sectores,  no solo se crean incentivos para que éstos se politicen sino que además se perpetúan las fuentes de desigualdad – y de injusticia. ¿Bajo qué criterio de justicia se puede explicar el privilegio de unos sectores a costa de los demás? Pero la cosa no queda ahí. Además de afectar a los sectores “elegidos”, se puede desestimular el interés por otros sectores que, aunque hoy no sabemos cuáles son, podrían ser creadores de riqueza. Los empresarios actuales y potenciales pueden preferir los beneficios estatales (el menor esfuerzo) a embarcarse en proyectos con un altísimo potencial, pero igualmente sujetos a una altísima – y peligrosa – incertidumbre. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Intervenciones pequeñas, incrementales que desencadenan resultados indeseables que, luego, se asume deben ser solucionados…con nuevas intervenciones. Entre muchos otros aspectos que han generado la situación económica que ya se está experimentando en el país, está el gasto público. Además de las ya mencionadas ayudas de emergencia ante la crisis, desde los años 90 los gobiernos colombianos se han dedicado a gastar. Más funciones, más programas. De hecho, en los últimos 16 años (durante los gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos) el gasto se ha utilizado para sobornar a diversos sectores sociales con el fin de crear la ilusión de gobernabilidad y de estabilidad. Cada sector, por minoritario que sea, sabe que al manifestarse puede obtener recursos estatales. Las veces que sea. Cuando sea. Podría continuarse la lista. No es difícil entender las causas del pobre crecimiento económico en Colombia y de las dificultades de que éste se traduzca en mejores niveles de vida. Lo que es difícil es que se decida hacer algo para remediarlas.    

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