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Cuando se plantea la posibilidad de quitar responsabilidades al gobierno, como un castigo producto de sus altos niveles de ineficiencia, burocratización y corrupción, muchos creen que es una locura, porque si así fuera, nadie más lo haría; dan por hecho que estas situaciones son parte de una especie de precio implícito de que el Estado realice “X” o “Y” funciones.
Esto ocurre con bienes como la educación, la salud, los servicios públicos, y principalmente con los programas gubernamentales de ayuda social o programas sociales.
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En México el pionero en este tema fue Carlos Salinas de Gortari con su famoso programa “Solidaridad” que evolucionó a “Progresa” con Zedillo, posteriormente durante la administración del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón evolucionó al programa “Oportunidades” y ahora con la actual administración de Peña Nieto a este conjunto de políticas se le conocen como “Prospera”.
Gobiernos municipales, estatales y federales históricamente han decidido emprender miles de esfuerzos supuestamente destinados a combatir la pobreza en nuestro país, distribuyendo despensas, becas, juguetes, balones, medicinas y hasta televisores, pero principalmente dinero en efectivo. Todo esto con el objetivo de disminuir la pobreza en el país y supuestamente reactivar la economía de los más necesitados.
En resumen, han sido 30 años de fracasos. Dejando de lado la politiquería de la que se jactan candidatos y funcionarios en turno los hechos permanecen claros, desde 1990 a la fecha hay 15 % más de pobres en nuestro país.
Si realmente quisiéramos combatir la pobreza en nuestro país, un buen comienzo sería eliminar o reducir muy significativamente estos programas. La experiencia nos ha enseñado que no funcionan como se prometió que lo harían, además de que van en contra de toda lógica económica.
Quienes proponen y defienden este tipo de medidas entienden muy poco de responsabilidad financiera y de economía en general. Para muestra, aquí algunos de los verdaderos resultados de 30 años de programas sociales intensivos en nuestro país:
- MAYOR POBREZA: la gente que recibe apoyos no sale de la pobreza. Por el contrario, encuentra incentivos para permanecer en su condición actual indefinidamente, ya que de lo contrario estas ayudas le serían removidas. “Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñalo a pescar y comerá toda la vida”.
- MAYOR TRIBUTACIÓN Y DEUDA PÚBLICA: estos programas no se financian por arte de magia. Cada peso redistribuido ha sido obtenido previamente por el gobierno exprimiendo por medio de coerción a la clase media y trabajadora de nuestro país mediante impuestos y deuda que incluso nuestros hijos heredarán.
- DESINCENTIVACIÓN EMPRESARIAL: consecuencia del complicado sistema tributario, del que somos víctimas para que políticos puedan financiar estos programas, empresas han decidido y deciden emigrar de nuestro país. Además, para un ciudadano promedio esto hace que sea más difícil lograr que su empresa sobreviva más de dos años.
- ALTA POLITIZACIÓN: al final, si en algo son exitosos estos programas es en crear adeptos. Es decir, las ayudas se reparten no sin antes hacer un recordatorio “amistoso” a los beneficiarios de quien se los está entregando, su nombre, su partido y el siguiente puesto al que están aspirando. No es casualidad que muchas veces son los secretarios de desarrollo social los elegidos para aspirar a cargos públicos de mayor rango, como presidente municipal o gobernador.
- CORRUPCIÓN: contratos a familiares de políticos, inscripción de amigos y conocidos al padrón de beneficiarios, desvío de fondos; nada de esto es ajeno a la administración de estos programas. A esto habría que sumarle el alto costo burocrático y administrativo que se requiere para su funcionamiento.
Como ciudadanos, como financiadores de estos programas y como individuos preocupados por erradicar la pobreza de nuestro país, debemos señalar y estar conscientes de estas realidades.
Contrario a lo que muchos creen, sí existen alternativas; no podemos depender tanto de unos pocos empoderados para solucionar un problema tan grave para la sociedad como lo es la pobreza.
Las alternativas son claras: el libre mercado y la sociedad civil organizada.
Un mercado con menos restricciones, menos impuestos y menos barreras permitiría que más gente tenga acceso a sus beneficios; mayor empleo, mayor posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y mayor acceso a servicios como la educación y la salud serían una consecuencia inminente.
La sociedad civil se compone de individuos organizados de manera voluntaria y libre para cubrir necesidades que consideran es importante subsanar. Ejemplos de estas existen millones: un techo para mi país para cubrir necesidades vivienda, A21 para combatir la trata de personas, Cáritas para erradicar la pobreza o el Teletón para brindar atención médica especializada a personas con alguna discapacidad, y y existen todavía miles más.
La propuesta es desempoderar al Estado que ha demostrado ser ineficiente y no otorgar los incentivos correctos y empoderar a la sociedad civil. Es tiempo de dejar de lado el “es responsabilidad del Estado” y sustituirlo por el “¿qué puedo hacer yo para mejorar aquello que no me gusta?”. No hacerlo está teniendo consecuencias muy negativas para México como país en todos los ámbitos.
Es necesario diferenciar entre los términos “caridad” y “solidaridad”. La primera se hace desde arriba hacia abajo y no busca solucionar de fondo los problemas que aquejan al tercero en cuestión, espera reconocimiento y beneficios de algún tipo a cambio. La segunda es un verdadero acto de generosidad.
El Estado, al administrar bienes de terceros, no puede ser genuinamente solidario. Se vuelve un ente depredador que busca exprimir todo lo que pueda a unos, para después repartirlo raquíticamente entre otros y llevarse las palmas, sentirse adulado y buscar ganar las siguientes elecciones.
Cuanta perversidad se podría erradicar si tan sólo fuéramos más los que nos atreviéramos a romper este sencillo paradigma.
