English Version
El Gobierno de Mauricio Macri enviará al Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que permitirá a la ciudadanía acceder a datos de los presupuestos que maneja la gestión pública.
El propio Macri señaló desde la Casa Rosada, que cualquier persona podrá «pedir datos, documentos, registros» a los funcionarios públicos y que éstos deberán contestar dentro de los 15 días posteriores, con el riesgo de recibir sanciones si no lo hicieran.
«Para eso creamos una oficina, un organismo que se ocupa de eso, que va a estar a disposición para explicar cómo se utiliza y velar para que los funcionarios contesten en tiempo y forma», explicó el presidente.
«El Estado no es de los que gobiernan, y el dinero no es nuestro, es de la gente y tienen derecho a saber cómo lo destinamos», señaló.
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, señaló que con esta ley, las contrataciones del Estado, el personal y declaraciones juradas de los funcionarios públicos «tienen que estar publicadas en Internet».
«La ley tiene un concepto más amplio en cuanto a qué es información pública, entendiendo que todo lo es», explicó Pérez.
«Donde hay recursos del Estado, esta ley rige», agregó el funcionario.
Según el proyecto, la ley promovida desde el Ejecutivo «tiene por objetivo garantizar el efectivo ejercicio del derecho de información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.
Asimismo, señala que el acceso a la información pública comprende «el derecho de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información».
Para efectos de la ley, se considerará información pública el contenido en documentos de cualquier formato que funcionarios “generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.
Las personas jurídicas, públicas o privadas que requieran información, deberán recibirla sin que se les exija el motivo de su solicitud.
El ámbito de aplicación de la ley será la administración pública nacional, el poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, y las empresas y sociedades del Estado.
[adrotate group=»7″]
En Argentina no existe una ley nacional que garantice este derecho en los tres poderes del Estado, pese a que se presentaron diversos proyectos en el Senado y la Cámara de Diputados. En la región, además de Argentina, Venezuela y Bolivia, no se cuenta con una ley en la materia.
Fuente: Télam.
Discusión sobre post