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Previendo posibles conflictos con sus aliados en la coalición gobernante que lo llevó al poder, el presidente Mauricio Macri tomó en cuenta las críticas dentro de ese bloque al proyecto de ley ómnibus, que incluye el blanqueo de capitales y que fue entregado este martes en la noche a la Cámara de Diputados.
Macri cortó por lo sano y excluyó a los funcionarios públicos de la administración actual y a los del último mandato de Cristina Kirchner del alcance del blanqueo de capitales, llamado por el Gobierno «sinceramiento fiscal». Este tema se perfilaba como el punto de la discordia entre su partido (PRO) y los aliados de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-ARI.
Una de las principales aliadas de Macri, la diputada y líder de Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, advirtió que no votaría un artículo que incluyera a los funcionarios públicos en la amnistía fiscal.
“La Junta Nacional de la Coalición Cívica-ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad”, dijo en un contundente comunicado difundido este lunes.
Por su parte, el diputado radical Mario Negri señaló que «los funcionarios públicos deben ser excluidos del blanqueo de capitales».
El diputado kirchnerista, Héctor Recalde, también se mostró de acuerdo con que el «sinceramiento fiscal» no alcance a funcionarios del Gobierno. Entretanto, el senador del mismo bloque opositor, Miguel Pichetto, dijo que la iniciativa planteada por la gestión de Macri para pagar a los jubilados y el blanqueo de capitales era «una herramienta muy interesante».
El proyecto excluye del blanqueo a todos los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo: presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores. Los funcionarios que tuvieron cargos hasta el 2011 no podrán beneficiarse de la amnistía fiscal.
Las contratistas del Estado podrán ingresar al blanqueo, lo que molesta a la influyente diputada Carrió y al bloque kirchnerista Frente para la Victoria (FPV).
El diario Clarín señala que los gobernadores, legisladores y jueces no tendrán restricciones para acceder a la amnistía. Este pudiera ser un punto que también genere un fuerte debate entre los legisladores.
El blanqueo de capitales forma parte de un proyecto de ley ómnibus que incluye, además, el pago de las deudas a los jubilados, el aumento a 800.000 pesos del piso mínimo anual del impuesto a los bienes personales y la devolución paulatina a las provincias del 15% de la coparticipación que les retiene la La Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses).
Macri anunció la semana pasada que el pago a los jubilados a quienes les liquidaron de manera errónea sus haberes sería solventado con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía Sustentable.
Esta es una nueva oportunidad del oficialismo para mostrar su capacidad de negociación en el Congreso. Con las correcciones hechas al proyecto de amnistía fiscal, parece que la iniciativa tiene altas probabilidades de ser aprobada.
Este año el macrismo se anotó un triunfo político con la aprobación del proyecto de pago a los fondos buitre. Sin embargo, no le fue bien con la ley antidespidos que, después de un largo debate, fue aprobada por la mayoría opositora en el Congreso, lo que obligó a Macri a aplicar su primer veto presidencial.
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