La Oficina Anticorrupción (OA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga la “ruta del dinero K”, por la que está siendo procesado el empresario Lázaro Báez e imputada la expresidenta Cristina Kirchner.
El diario Clarín revela que el juez de la causa, Sebastián Casanello, aceptó el argumento de la OA que señala que el dinero lavado en la compleja operación que se investiga provenía del sobreprecio de las obras públicas.
La instancia anticorrupción planteó que el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido en la gestión kirchnerista, habría digitado obras públicas con sobreprecios; y que el Estado pagó adelantos no justificados que eran destinados a “retornos”, señala Clarín.
“Corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la Oficina Anticorrupción -en los términos del Art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación. En todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción”, dice la resolución del Juez Casanello, en la que acepta como querellante a la OA.
La OA quiere recuperar el dinero del Estado extraviado en la operación de lavado de dinero.
El seguimiento de la justicia argentina a la “ruta del dinero K” avanza a diario. Este jueves, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, allanó un terreno que el empresario Báez comparte con la ex presidenta Cristina Kirchner en El Calafate, al sur del país. Se trata de un condominio de 87.000 metros cuadrados ubicados sobre el margen sur del Lago Argentino. La prensa local señala que esta es una de las pruebas que más vincula al empresario kirchnerista con la expresidenta.
Además, fue allanado otro terreno de Báez de 30 mil metros cuadrados, donde se supone que iba a construir un shopping. También se allanó una estancia valuada en 6 millones de dólares. Hasta ahora, según revela La Nación, se han practicado 70 allanamientos en el operativo judicial de la causa.
A los nuevos allanamientos se suma la ampliación del procesamiento inicial del empresario k. El juez Casanello decidió la ampliación por considerar que Báez lavó US$32.800.000 de dólares de origen ilícito mediante la compra de bonos argentinos en Suiza, que fueron vendidos por Helvetic Service Group. El dinero fue depositado en cuentas de Austral Construcciones para darle apariencia de licitud a la maniobra.
Asimismo, aumentó el monto del embargo a sus bienes a AR$ 800 millones (US$ 57.560.000). La resolución abarca a su hijo Martín Báez, también procesado en la causa.