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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, echó para atrás un polémico decreto que establecía una sanción de hasta dos años de cárcel a quienes dieran a conocer el contenido de las declaraciones juradas de funcionarios provinciales, policías y agentes de servicios penitenciarios.
La medida que fue publicada este miércoles 8 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia, abarcaba a «terceros», lo que afecta directamente a los periodistas y a los medios de comunicación.
El secretario de Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, señaló la tarde de este miércoles que la gobernadora le pidió corregir el decreto. «La gobernadora me pidió que lo aclaremos y lo vamos a hacer. Será un decreto que eliminará las citas que tenía el anterior decreto sobre las declaraciones juradas», afirmó el funcionario.
«Está claro que hay una sensibilidad especial sobre esto (…) La gobernadora me pidió que elimine todo tipo de dudas con un nuevo decreto», agregó Conte Grand.
La misma gobernadora señaló en su cuenta de la red social Twitter que «si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada».
El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes.
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 8, 2016
En marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seg presentaran sus declaraciones juradas públicamente
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 8, 2016
El decreto que había firmado la gobernadora Vidal, quien pertenece al mismo partido del presidente Mauricio Macri, se diferenciaba por completo de la decisión tomada este lunes por el mandatario nacional, quien aceptó revisar el artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo de capitales, que permitiría procesar con prisión a periodistas que difundieran información de quienes se incluyen en el blanqueo.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró que la ley promovida por el Ejecutivo no es contra los periodistas, sino que tiene que ver con el secreto fiscal. «No tiene el espíritu de sancionar la libertad de expresión». Peña dijo que se está trabajando en cambiar la redacción del polémico artículo para quitarle la palabra «terceros» que podría afectar la labor del periodismo.
Sin embargo, el decreto 647 firmado por Vidal, y que salió este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia, modificaba uno anterior, el 116, que la obligaba a ella, a sus funcionarios, y a los agentes penitenciarios y policiales a publicar sus declaraciones juradas de bienes.
El decreto 116 establecía que las declaraciones juradas debían ser entregadas en una versión»sintética» o resumida y una integral. La versión resumida podría ser consultada por los periodistas y ciudadanos; la integral, que incluye precisiones de los datos de familiares de los funcionarios, quedaría a resguardo por la Escribanía General de Gobierno de la provincia.
El sitio de noticias Infobae detalla que en las declaraciones juradas «integrales», aclaraba que el anexo es «reservado» porque incluye datos protegidos por el secreto fiscal a nivel nacional, como información sobre las cuentas bancarias, pero no decía nada de la declaración en sí misma.
Con el decreto 647 la información de «la Declaración Jurada Patrimonial Integral» pasó a tener carácter reservado. Sólo se podía informar el valor total del patrimonio, pero no los detalles.
«Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente», dice el texto que ahora será corregido.
Las sanciones previstas en los artículos del Código Penal a los que hace referencia el decreto son penas de entre un mes y dos años de prisión.
La Secretaría Legal y Técnica bonaerense había señalado más temprano este miércoles 8 de junio que el decreto no trataba de limitar la libertad de prensa.
El 8 de abril el Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que permitirá a la ciudadanía acceder a datos de los presupuestos que maneja la gestión pública. En ese momento el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, señaló que con esta ley, las contrataciones del Estado, el personal y declaraciones juradas de los funcionarios públicos tenían que estar publicadas en Internet.
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