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Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron el embargo preventivo de los bienes del patrimonio de Florencia y Máximo Kirchner, en el marco de la causa Hotesur que investiga el supuesto lavado de activos.
Los bienes sobre los cuales tendría que decidir el embargo el juez Julián Ercolini son lo que la expresidenta cedió a sus hijos y que surgen de la sucesión de su fallecido esposo Néstor Kirchner. Los fiscales también pidieron que la medida se aplique sobre el único terreno fiscal que le queda a Cristina Kirchner, que había cedido a Lázaro Báez, pero que nunca se inscribió dicha titularidad.
La exmandatria cedió todos sus bienes a sus hijos como una maniobra para proteger su patrimonio ante el avance las investigaciones por corrupción en su contra, y por el embargo que le aplicó el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de dólar a futuro.
La expresidenta Cristina Kirchner «decidió ceder y transferir a sus hijos (y estos aceptaron) la totalidad de los derechos sucesorios y de los bienes gananciales, el 10 de marzo de 2016 es decir, pocos días después de que el titular del Juzgado n° 11 del fuero la convocara a prestar declaración indagatoria», señalan los fiscales.
«Frente a la concurrencia de sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia, se impone la necesidad de adoptar nuevas medidas que se ajusten al caso, y en ese sentido, la adopción del embargo preventivo de los bienes reseñados, se erige a la actualidad como la más adecuada, para resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados», argumentaron los fiscales en su resolución.
El embargo sería concretamente sobre 16 inmuebles, un automóvil y tres participaciones societarias (Hotesur, Los Sauces, COMA).
Los fiscales explican que la exmandataria no sólo cedió la parte de la herencia que le correspondía por los bienes gananciales adquiridos por Néstor Kirchner, sino que les cedió «la totalidad de los bienes gananciales inscritos a su nombre, sobre los cuales únicamente sus hijos deberían haber heredado el 50 %».
Pollicita y Mahiques señalaron además que los bienes que la exmandataria cedió a Florencia y a Máximo y que eran titularidad de su esposo, son materia de investigación judicial respecto al origen de los fondos con que se adquirieron.
La porción de la herencia mencionada está sospechada de «maniobras de retorno a la exfamilia presidencial de parte de los fondos obtenidos de manera ilícita, entre otros canales, a través de la matriz de corrupción creada en torno a la obra pública vial», detallan los fiscales. Estas maniobras habrían favorecido al empresario K Lázaro Báez, detenido desde abril por supuesto lavado de dinero.
Pollicita y Mahiques remarcan que la maniobra incluye también la investigación sobre el arrendamiento de los complejos hoteleros de la familia Kirchner. Báez habría pagado millonarias sumas a los Kirchner por el «alquiler» de habitaciones que jamás utilizó. Se presume que eran las coimas que cobraba la familia presidencial por los favores a Báez con la obra pública.
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