
El juez federal Claudio Bonadio ordenó la intervención de Los Sauces SA, la inmobiliaria de Cristina Kirchner investigada por falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito, y de la “Sucesión Néstor Carlos Kirchner”, por un plazo de seis meses.
Bonadio también solicitó “interventores informantes” en Idea SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice, quien administra tres hoteles de la ex Presidenta; las firmas del Grupo Austral del empresario K Lázaro Báez, y las del Grupo Indalo, de Cristóbal López. Báez y López fueron los principales inquilinos de la hoy intervenida inmobiliaria Los Sauces.
En el caso de la Sucesión NCK el juez pidió que Máximo Kirchner, hijo de la examandataria, sea removido de su cargo como administrador.
La decisión se conoció después de meses de analizar información que arrojó cuantiosas operaciones y movimientos de dinero cruzadas entre las firmas familiares, además “de una gran cantidad de irregularidades”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
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La resolución del magistrado Bonadio destaca que hay una “gran cantidad” de vinculaciones comerciales y/o financieras y/o laborales entre “la familia Kirchner dueña de Los Sauces y las empresas del Grupo de Lázaro Báez y de Indalo, propiedad de Cristóbal López y del grupo de Osvaldo Sanfelice”.
Fuentes de la justicia declararon a Clarín que se detectaron movimientos de dinero por sumas importantes que no tendrían “justificación comercial” y donde “no se condice lo que ingresa con lo que se extrae”. Los Kirchner hasta 2014 retiraron en concepto “anticipo de dividendos” AR$ 20 millones (US$ 1.253.200).
Clarín detalla que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó sobre diversos movimientos de dinero entre la Sucesión NCK, y Los Sauces SA. En este sentido, la UIF determinó que parte de US$ 4,6 millones de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner provienen de transferencias realizadas desde cuentas de socios de los “Los Sauces” o desde la cuenta de la Sucesión NCK.
Los interventores que asumirán la conducción de las dos sociedades, saldrán de un sorteo que se realizará entre los disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso de la Sucesión NCK, el interventor judicial designado deberá administrarla y además dar a conocer todos los pagos realizados y recibidos por esta sociedad y “Los Sauces” o cualquiera de sus socios (Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner). También debe reportar si hubo pagos cruzados entre la Sucesión y empresas de Báez, López y Sanfelice.
Para Los Sauces se designará a un interventor diferente que deberá informar al juzgado de Bonadio si existieron transferencias desde esa sociedad con la Sucesión NCK, con los socios de esa firma, y con las empresas de Báez, López y Sanfelice, detalla el sitio de noticias Infobae.
Los “interventores informantes” de las firmas de Báez, López y Santafelice solo deberán dar información a Bonadio de los movimientos entres las empresas y las dos sociedades de los Kirchner.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae que Bonadio constató una maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.
Cristina Kirchner a un paso de juicio oral
La exmandataria argentina tiene que lidiar con las diferentes causas que la vinculan a hechos de corrupción y que van avanzando de forma simultánea.
Este miércoles Kirchner quedó a un paso del juicio oral, luego que el juez Bonadio diera por terminada la investigación en la casa de dólar a futuro y pidió al fiscal Eduardo Taiano que proponga la elevación a juicio oral y público.
Bonadio procesó a la exmandataria en este caso argumentando que las acciones políticas de Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno llevaron al Banco Central a concretar, entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, operaciones en el mercado de dólar futuro “con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional”.
Clarín detalla que, debido al congestionamiento que tienen los tribunales por otras causas y varias apelaciones de los imputados en el caso, el juicio oral contra Kirchner no empezará antes de mediados o fines del 2017.
Con esos plazos la ex presidenta no tendrá objeción legal que le impida presentarse como candidata a senadora por Buenos Aires o por la provincia Santa Cruz en las elecciones legislativas del año que viene. No podría presentarse si es condenada por el tribunal oral antes de ser eventualmente electa.