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Con el objetivo de reducir la informalidad laboral, el gobierno argentino estudia la posibilidad de financiar durante tres años los aportes de los nuevos empleados que se integren al mercado registrado.
“Apostamos a un shock de formalización y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo fiscal para que haya más empleabilidad”, dijo al diario La Nación el ministro del Trabajo, Jorge Triaca.
La iniciativa, que se está trabajando conjuntamente con el ministerio de Hacienda liderado por Nicolás Dujovne, busca blanquear a unos 300.000 trabajadores por año hasta 2019, reducir el desbalance del sistema previsional y evitar que crezca el desempleo del 10 %.
Aunque el Gobierno está en pleno análisis del financiamiento de esta iniciativa, por ahora se conoce que podría ser afrontado con aportes del Tesoro y exenciones tributarias.
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Según el borrador del proyecto el límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta AR $12.000 (USD $755,16). El ministro Triaca aspira a que la industria de la construcción, la textil y el empleo rural sean las primeras actividades que adhieran al «blanqueo laboral».
En declaraciones a la prensa reseñadas por el sitio de noticias Ámbito Financiero el ministro Triaca señaló que la intención no es sólo atacar la informalidad para que más trabajadores puedan disfrutar de los beneficios de la seguridad social, sino también para que agreguen volumen a la masa de aportantes y contribuyan a financiar el sistema.
En forma paralela el Gobierno trabaja en una revisión integral del sistema previsional, que incluiría, entre otras cosas, elevar la edad jubilatoria, que es hoy de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres.
Según La Nación el ministerio del Trabajo detectó algunas «cajas negras» vinculadas a colegios de profesionales y a sindicatos por donde se cuelan millones de pesos con destino incierto.
Asimismo, prevé que los beneficiarios de planes sociales aporten al sistema. El Gobierno permitiría que los beneficiarios de programas sociales se sumen a la base tributaria, convirtiendo esa ayuda en un saldo a favor para el ingreso al mercado laboral formal.
En febrero el Gobierno se convocará a la Mesa de la Producción y el Trabajo, que integran el Estado, empresarios y la Confederación General del Trabajo (CGT) para tratar de conseguir el aval de estos sectores a los proyectos que viene trabajando.
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