El procurador del Tesoro de Argentina, Carlos Balbín, aseguró que desaparecieron registros que probarían el direccionamiento de la obra pública durante el Gobierno de Cristina Kirchner a favor del empresario Lázaro Baéz, preso por lavado de dinero.
Según destaca el diario argentino La Nación Balbín denunció que en el último año de Gobierno de la era kirchnerista se habrían eliminado 1345 archivos del registro histórico que almacena todos los juicios en los que el Estado argentino forma parte.
El rastreo del que participaron la Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN), duró varios meses y la conclusión arrojó que en total fueron eliminados esa cantidad de archivos.
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Balbín había ordenado auditar el Sistema único Informático para la Gestión Judicial (Sigej) porque ya se habían encontrado algunas irregularidades en varios registros.
Una fuente oficial que participó en las auditorias señaló a Infobae que la eliminación de archivos de ese sistema se da únicamente cuando hay errores, y ese no parece ser el caso.
“Sacar un juicio del sistema es una irregularidad grave, los juicios sólo pueden ser borrados si hubo un error en la carga. Y si están terminados, deben pasan al archivo histórico. En estos casos hay indicios fuertes que el borrado era para evadir los controles”, dijo el encargado de las auditorías” a Infobae.
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La Nación detalla que los documentos eliminados no sólo involucrarían a Báez, sino a otros empresarios afines al gobierno kirchnerista.
El diario argentino indica que aunque se hayan borrado esos registros, los juicios contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros, siguen en curso.
El juez federal Julián Ercolini procesó y embargó en diciembre a la exmandataria por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la causa que investiga los giros discrecionales y sobreprecios en la obra pública adjudicada a Báez entre 2003 y 2015.