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El Parlamento de Venezuela aprobó este martes 29 de marzo, en segunda discusión, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
También aprobó en primera discusión la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo el Gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro ha jurado vetar dichas normativas.
Los dos proyectos de ley que mantienen a toda Venezuela en expectativa fueron iniciativas de la oposición que ahora controla el Congreso, con el fin de revertir diversas presuntas injusticias por parte del Estado.
El presidente Maduro no tiene intención de promulgar ninguna normativa, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intentado limitar al Poder Legislativo a través de sentencias.
A la espera de la Ley de Amnistía
Al menos 76 presos por razones políticas se verían beneficiados con la Ley de Amnistía, la cual, para entrar en vigencia, debe ser publicada en Gaceta Oficial luego de que la AN redacte la versión final y el presidente Nicolás Maduro decida promulgarla.
Maduro cuenta con 10 días para formular observaciones a la Ley y remitirla a la Sala Constitucional, en caso de que considere que el texto aprobado por la AN es inconstitucional.
Por ser la amnistía competencia exclusiva del Parlamento, la Sala Constitucional sólo podría controlar aspectos de forma de la Ley, así como debe velar por el cumplimiento del artículo 29 de la Carta Magna, que excluye de la amnistía a “las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad”.
Una vez publicada en Gaceta Oficial, el juez deberá acordar la terminación del juicio, lo que implicará la extinción inmediata de cualquier medida privativa de libertad.
Si ya se hubiere dictado sentencia, como es el caso del preso político Leopoldo López, el juez deberá declarar la extinción de esa pena, ordenando la libertad plena inmediata.
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Tamara Adrián, diputada suplente a la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática, aseguró que esta ley no perdonará a personas que han cometido asesinatos, sino solamente a aquellos que han sido imputados utilizando los medios del Estado.
El chavismo denuncia que el proyecto legislativo es una “ley de impunidad”, y ha anunciado que hará lo imposible porque no se cumpla lo ya aprobado en la Asamblea.
Reforma de la Ley del TSJ “eliminaría vicios”
Lo mismo sucede con la Ley Orgánica del TSJ, con ella, la oposición de ese país busca incorporar a ocho nuevos magistrados que deberían ser designados por la AN.
Ante esto, el oficialismo también considera que se trata de una normativa inconstitucional pues asegura que el Parlamento no tiene las competencias para reformar la Ley del Poder Judicial.
El abogado venezolano José Ignacio Hernández desmiente al chavismo y asegura que el Tribunal Supremo de Justicia puede proponer a la Asamblea Nacional leyes en materia del Poder Judicial; pero ello no supone que la AN está impedida de legislar en esas materias.
Lo que busca la oposición venezolana es eliminar de alguna manera los vicios que existen en los sistemas de Justicia de ese país incorporando a nuevos magistrados que con base en su larga trayectoria y experiencia cumplan con la Constitución.
Hernández explicó que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, luego de aprobada en primera discusión, debe ser sometida a consulta pública, para su posterior aprobación en segunda discusión. Después de sancionada, será remitida al Presidente de la República para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial.
Aquí podrán presentarse diversas situaciones. El Presidente puede hacer observaciones a la Ley y devolverla a la Asamblea. Pero también el Presidente puede solicitar a la Sala Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad del proyecto sancionado por la Asamblea.
El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Luis Florido, aseguró que el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que contempla el incremento en el número de magistrados se llevará a cabo “para ponerle fin al fusilamiento de la democracia en Venezuela emprendida por Nicolás Maduro”.
El diputado agregó que Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en el “bloque que cercena las decisiones que toma esta Asamblea Nacional autónoma y democrática”.
