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El primer ministro de Canadá, el liberal Justin Trudeau, envió al Parlamento de ese país un proyecto para legislar la muerte asistida para pacientes en estado terminal.
Con esto, el Gobierno canadiense da un nuevo paso para legalizar la eutanasia en pacientes con serias condiciones médicas, luego de que, en febrero de 2015, la Corte Suprema de Canadá concediera el derecho al suicidio asistido.
La iniciativa se llevó a cabo luego de que la Corte Suprema pidiera a la anterior administración que presentara una ley ante el Congreso, situación que nunca pudo llevarse a cabo.
Una vez que Trudeau asumió el cargo, la Corte Suprema repitió el pedido dando como fecha límite el próximo mes de junio. Fue por eso que el actual Gobierno cumplió con la resolución judicial y presentó la ley que próximamente deberá ser debatida y aprobada.
En caso de ser aprobada, la ley permitirá que un adulto mentalmente competente, mayor de 18 años con una «enfermedad o discapacidad grave e incurable» y que además haya dado su consentimiento voluntario, pueda morir dignamente con la eutanasia.
Del mismo modo, esto significará que los médicos, enfermeras y los que les ayudan puedan proporcionar esa asistencia, sin riesgo de persecución penal.
El proyecto de ley también prohíbe el «turismo suicida». Ante esto, se estipula que la persona que solicite recibir la eutanasia debe ser elegible por la asistencia sanitaria de Canadá, lo que significa que debe ser ciudadano canadiense o residente permanente en ese país.
En una rueda de prensa a lo largo de este jueves 14 de abril, en Ottawa, el ministro de Justicia Jodi Wilson-Raybould reconoció que para algunos, la legislación será «preocupante», pero aseveró que «con esto se permite a los adultos competentes aplicar para una muerte pacífica, en lugar de las muertes prolongadas e indignas».
La legislación del Gobierno estipula que la muerte por enfermedad debe ser «razonablemente previsible» y debe ser derivada de causas naturales.
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Ante esto, la organización Muerte Digna emitió un comunicado que condena las restricciones propuestas por el Gobierno, y recomienda que dicho beneficio pueda incluir a pacientes con demencia y otras condiciones crónicas «catastróficas».
Por su parte, la asociación de las libertades civiles Columbia Británica, también criticó la legislación porque no se extiende a menores de edad o personas que sufren de una enfermedad mental.
Fuente: News vice.
