La Fiscalía iniciará una investigación de tipo administrativo para conocer si las infraestructuras que cayeron tras el terremoto en Ecuador se hicieron de manera correcta y con la calidad adecuada.
Según el diario local El Universo, esta investigación formará parte de la primera fase del análisis sobre las estructuras que resultaron afectadas.
El fiscal general Galo Chiriboga informó que se busca saber “si se hicieron bien las cosas” y si se cumplieron o no los protocolos y normas de construcción en las zonas del desastre.
Dijo que la investigación iniciará con conocer las condiciones del material usado al momento de la edificación y luego se verificará los procedimientos administrativos en cada municipio para conseguir la concesión de esos permisos.
Aunque finalmente se presentará un informe desde el punto de vista técnico para cooperar, como propuestas en materia de reforzamiento del sistema jurídico-municipal para la concesión de estos permisos, el fiscal Chiriboga aseguró que si de la investigación administrativa se presume la existencia de una infracción, ellos investigarán quién sería el responsable de la misma.
Según El Universo, esta mañana, el fiscal Chiriboga se reunió con los fiscales posesionados, en especial de las provincias más golpeadas por el sismo, para hablar sobre la metodología que se aplicará en estas investigaciones. Expertos de la Universidad San Francisco de Quito y de la Escuela Politécnica Nacional colaborarán en las mismas.
De acuerdo con un informe preliminar de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, existen 6.622 viviendas derribadas por el terremoto que sacudió Ecuador. El documento asegura además que hay 13 edificaciones de salud y 281 instituciones educativas también afectadas.
El pasado 25 de abril el presidente de Ecuador, Rafael Correa había acusado a constructores por las muertes del terremoto.
A través de su cuenta en Twitter, el mandatario advirtió que dará a conocer los nombres de las empresas que por “ahorrarse unos centavos construyeron trampas mortales”.
Dijo además que se dará a conocer quiénes fueron las autoridades locales (alcaldes) que permitieron la construcción de infraestructuras de “mala calidad”.
Fuente: El Universo