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Los abogados de los sobrinos de la familia presidencial de Venezuela se niegan a rendir declaraciones sobre la relación que hay entre los acusados y el magnate financista Wilmer Ruperti.
En una carta entregada este lunes diez de octubre, los abogados del bufete Sidley Austin LLP, que integran la defensa de los «narcosobrinos» de la primera dama Cilia Flores, pidieron a la corte de Nueva York negar la petición de que se hagan los cuestionarios a los dos hombres acusados de conspirar para traficar a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína.
En la carta argumentaron que el Gobierno estadounidense busca «entrometerse indebidamente en las relaciones abogado – cliente», aseguran que se busca «inyectar la falta de una aparente agenda política en este caso”.
Los abogados señalaron que no debe realizarse un procedimiento tan profundo para tocar el tema del pago de la defensa por parte del empresario vinculado al gobierno venezolano, Wilmer Ruperti.
Indicaron que el gobierno no está usando adecuadamente el procedimiento de la audiencia curcio, herramienta esencial en la administración de justicia y que se aplicó en mayo.
La aprobación de dicha audiencia surge luego de que la Fiscalía de Nueva York solicitara al tribunal que lleva el caso de los “narcosobrinos” de la familia presidencial de Venezuela que esclarezca el papel del magnate que financia a la defensa de los acusados.
Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores fueron imputados en Estados Unidos, luego de que el martes diez de noviembre funcionarios de la Administración para el Control de Drogas Estadounidense (DEA) los capturaran en flagrancia con cinco kilogramos o más de cocaína.
Venezolanos como testigos
Un número indeterminado de citaciones fueron enviadas a ciudadanos venezolanos por parte del Fiscal Preet Bharara para que estos se presenten en la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York en calidad de testigos en el caso que se le sigue a los «narcosobrinos».
El Gran Jurado solicitó la comparecencia de un grupo de venezolanos en la corte. La defensa calificó dichas citaciones como una «acción ilegal» y aseguran que la Fiscalía «no puede citara un individuo extranjero que vive fuera de EE.UU. para asistir a un juicio».
Los abogados de los sobrinos de la familia presidencial considera esto como «un serio acoso por arte del Gobierno a los contactos personales de los acusados».
Las supuestas citaciones fueron enviadas el día seis de octubre pasado. Se desconoce el número de venezolanos que habrían recibido esta citación y sus identidades. Esta es la segunda ocasión en que la defensa de Campo y Flores se opone a una acción jurídica por parte de la Fiscalía; pues este domingo nueve de octubre la defensa rechazó la realización de una nueva audiencia pautada para el 13 de octubre próximo.
Fuentes: El Nacional; El Pitazo
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