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La polémica y el suspenso siguen rondando el accidente de la aerolínea LAMIA en el cual murieron 71 personas, entre ellas periodistas, personal que laboraba en el avión y la mayoría del equipo de fútbol Chapecoense.
Al parecer, y según las autoridades bolivianas, el piloto Miguel Quiroga, quien comandaba el avión siniestrado, afrontaba juicio y había una orden para arrestarlo; a esto se suma la presunta corrupción en la obtención de licencia de operación de la aerolínea y la presunta solicitud de asilo de una funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).
“El capitán Quiroga, que fue piloto del avión que se accidentó, tenía un juicio con la Fuerza Aérea Boliviana, incluso contaba con un mandamiento de apremio”, dijo el lunes el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira.
Según Ferreira, Quiroga y otros cuatro militares que abandonaron la entidad son procesados por esa razón, pero evitaron ser detenidos presentando recursos legales de amparo constitucional.
Según el ministro, los pilotos militares tiene el compromiso de que una vez que son formados no deben retirarse de la entidad hasta cumplir con años de servicio militar estipulados.
Solo en casos excepcionales se puede analizar la baja de un militar de la institución y en cinco casos analizados, incluido el de Quiroga, no había justificación para que fuesen retirados.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros informó que el gobierno tiene indicios de “posible incumplimiento de deberes” y “uso indebido de influencias“.
Las sospechas se basan en la relación de parentesco entre un exidrector de la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el director general de LAMIA, Gustavo Vargas Villegas y Gustavo Vargas Gamboa, hijo y padre.
Vargas Villegas, retirado de su cargo, ejercía como director del registro aeronáutico nacional de la DGAC, y por tanto era responsable de otorgar licencias de vuelo a las empresas.
Claros recordó que el Ministerio de Obras Públicas investiga la regularidad del proceso por el que LAMIA obtuvo su licencia de vuelo y también la autorización del plan de vuelo del avión que se estrelló el 28 de noviembre.
El plan de vuelo también se ha convertido en otro dilema pues la funcionaria que lo cuestionó pidió asilo en Brasil.
La oficina de la Procuraduría de la República de Brasil en la ciudad fronteriza de Corumbá confirmó en un comunicado que la boliviana Celia Castedo Monasterio se presentó en ese despacho para buscar informaciones sobre la protección que podría recibir en el país.
Ni la Procuraduría ni el abogado que acompañó a Castedo informaron sobre si la funcionaria está interesada en solicitar refugio o asilo ni las razones específicas que la llevaron a buscar auxilio.
Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) de Bolivia en el aeropuerto de Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hizo varias observaciones al plan de vuelo del avión que se estrelló en Colombia cuando transportaba a los jugadores y dirigentes del Chapecoense.
Después del accidente presentó un informe alegando que sus observaciones no fueron atendidas por la empresa y que, incluso así, la AASANA terminó autorizando el vuelo.
La boliviana alertó de que la autonomía de vuelo no era la adecuada, que hacía falta un plan alternativo, que el informe había sido mal confeccionado y que era necesario hacer cambios.
Ya el pasado 30 de noviembre el director de la aerolínea reveló que el piloto del avión siniestrado no siguió el itinerario inicial.
Gustavo Vargas, directivo de la aerolínea, reveló cuál era el itinerario que debía cumplir la aeronave que terminó estrellándose cinco minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Medellín.
“De Santa Cruz tenía que ir a Cobija, que es en Bolivia. De Cobija tenía que ir a Medellín. Pero ellos se fueron directo hasta Medellín, y de ahí tenía que ver la posibilidad de seguir o aterrizar en Bogotá. Era de noche. Y por esa negación de Brasil se complicó un poco…”, explicó.
Póliza muy baja
LAMIA suscribió un seguro con la empresa Tokio Marine Kiln para responder en caso de accidente. Pero, según el diario brasileño Folha de São Paulo, este tendría dos cláusulas que eximen el pago en caso de negligencia u omisión del operador, es decir, de LaMia.
Además, la póliza aparece por apenas USD$ 25 millones , cuando expertos estiman que debería ser de mínimo USD$ 750 millones.
Otro dato documentado por la investigación del diario colombiano El Tiempo da cuenta que la segunda aeronave que LAMIA tenía disponible se encontraba en el taller después de presentar un incidente en su tren de aterrizaje en el primer semestre del 2016. Con esos antecedentes, pensaba abrir mercado en Paraguay.
Fuentes: Telam; Prensa Libre, Noticia Al Día
