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Se acercan las elecciones regionales en Venezuela y continúa la campaña desigual y ventajista del chavismo; sin ganar los comicios, los candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya inauguran obras, participan en reuniones de Alto Mando y, además, anuncian la aprobación de recursos para obras públicas.
El caso de usurpación de cargos se repite en al menos 7 estados del país suramericano, donde los actuales gobernadores «brillan por su ausencia» y los candidatos chavistas asumen sus funciones.
Tal es el caso del actual candidato a la gobernación del estado Falcón, Victor Clark, quien inauguró una planta desalinadora y anunció los recursos que recibe la gobernación del estado.
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Y es que como parte de la «campaña sucia», Nicolás Maduro designó a Clark con un cargo inexistente en la Constitución: autoridad encargada de la Zona Económica Especial de la península. Lo mismo sucedió en el estado Mérida con el candidato Yehyson Guzmán, quien ya aseguró que dispondrá de 98 millardos de bolívares para terminar algunas obras.
Participó en la “Operación Cocuyo”, creada por Corpoelec, para alumbrar las calles; y el 28 de septiembre entregó 40.000 ayudas a igual números de familias; todo esto, televisado en emisoras nacionales y públicas.
Un artículo del diario El Nacional revela la frecuencia en que este ventajismo sucede; un obstáculo más que debe enfrentar la oposición venezolana.
«En Lara, Carmen Meléndez recibe ayuda de Miraflores al igual que Rafael Lacava que reparte bolsas CLAP, casas y coordina reuniones con los cuerpos de seguridad en Carabobo. Héctor Rodríguez da órdenes al Ministerio de Educación para que envíe laptops Canaimitas y al Ministerio de Alimentación para usar galpones regionales para empaquetar los CLAP. Además, cuenta con el respaldo de CorpoMiranda. Marco Torres hace proselitismo en Aragua con carros de la Fuerza Armada, recursos de la gobernación, como lo muestran fotos de las dependencias regionales».
El artículo 67 de la Constitución establece que no se permitirá el financiamiento de las asociaciones políticas con fondos del Estado. La ley regulará el financiamiento y a las contribuciones privadas a partidos, y los mecanismos de control. El financiamiento de la propaganda y de las campañas será regulado por la ley. Las direcciones de partidos no podrán contratar con el sector público.
Para la ONG Transparencia Venezuela lo que sucede en la campaña eletoral es un delito, pues los recursos del Estado son usados para favorecer a determinadas tendencias a pesar de estar prohibido por la Constitución y de constituir un ventajismo electoral.
“Si los recursos salen del Estado, es inconstitucional, ilegal y antiético que se destinen a la campaña. Viola la ley electoral y principios constitucionales”, afirmó Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.
Además, lamentó que los candidatos oficialistas se crean con derecho de usar bienes públicos y páginas web de ministerios, gobernaciones y alcaldías, y de mandar a militares. “La Constitución prohíbe que los funcionarios, así sea disfrazado en inauguraciones, dispongan de recursos para la campaña. ¿Por qué el CNE permite ese nivel de impunidad? Esa inercia crea impunidad y suma votos a la desconfianza en las instituciones”, indicó.
Empresas estatales usan fondos públicos para propaganda
El régimen puso recursos, ministerios y hasta funcionarios a disposición de los candidatos del PSUV para que hagan su campaña en las entidades; esto, quedó evidenciado cuando el 25 de septiembre Maduro convocó a 9 de los aspirantes a gobernaciones y anunció la aprobación de cerca de 1 millardo de bolívares.
El periodista Hernán Lugo-Galicia, del diario El Nacional, reveló la existencia de informes de empresas estatales como PDVSA que destinan montos millonarios para la campaña electoral del chavismo.
«Las pruebas: el aspirante en Miranda, Héctor Rodríguez, tiene previsto entregar en los próximos días 24 camiones para distribuir bombonas de gas en la Estación Especial de Llenado de Guarenas, municipio Plaza, según se acordó en Caracas en una reunión efectuada el 30 de agosto, en el piso 19 de la Torre Este, en Parque Central, entre los siguientes organismos: Hidrocapital, Corpomiranda, Pdvsa-Gas Comunal, Corpoelec-Miranda y Cantv-Miranda».
“En la oposición estamos conscientes que la campaña es desigual: es el Estado al servicio de un partido político, de un proyecto. El Gobierno mantiene un control férreo de los medios públicos y privados que, por temor a sanciones, se pliegan y no dan espacios. La política es inculcar miedo a todo nivel. Es lo que los sociólogos llamamos manipulación de masas», afirmó el concejal de Primero Justicia, Máximo Sánchez.
La «lucha» opositora
La oposición venezolana ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro ha promovido limitaciones y “trampas” para confundir a los electores el próximo 15 de octubre, cuando se llevarán a cabo las elecciones regionales.
La bancada opositora representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no solo debe enfrentar el ventajismo del chavismo ni las trampas impuestas por parte del CNE, sino que, además, debe luchar contra la abstención y el disgusto que existe tras haber aceptado participar en las elecciones a pesar de las condiciones adversas.
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