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Una vez más la ONG Amnistía Internacional se pronuncia ante los ataques represivos por parte del régimen de Nicolás Maduro; la organización denunció una campaña “despiadada” de allanamientos ilegales a viviendas de personas de la disidencia. Para AI, se trata de una nueva táctica represiva que consta de llevar a las fuerzas de seguridad del Estado a los hogares de los venezolanos para irrumpir violentamente.
De acuerdo con el informe Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, Amnistía Internacional revela que en los últimos meses el régimen encontró esa nueva manera para intimidar a los venezolanos y disuadirlos para evitar que participen en las manifestaciones contra la dictadura.
El modus operandi es enviar a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados para que ingresen a los hogares. Una vez allí, estos destrozan las viviendas, amenazan a los propietarios y se llevan detenidos a algunos de los habitantes.
“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, y denunció que
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir a la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares. La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar”.
El documento cuenta con una extensa descripción de al menos 47 allanamiento ilegales en 11 estados del país durante las protestas que se llevaron a cabo entre abril y julio de 2017. Manifestaciones que dejaron más 120 personas fallecidas tras la brutal represión del régimen de Maduro.
Personal experto de Amnistía Internacional visitó a las víctimas. Las personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el Gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.
Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.
Las fuerzas de seguridad habrían derribado puertas, ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de la casa. También hubo asesinatos a mascotas de los propietarios.
“Quitaron la luz, destrozaron los condominios, los ascensores. Parecía una batalla campal y en muchos apartamentos robaron. Las bombas (lacrimógenas) llegaban arriba, mi nieto de seis años se estaba asfixiando”, relató Iraida Malavé, de 62 años.
El informe destaca que hay “evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales”. Sin embargo, algunos allanamientos se producían “muchas horas después”, y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.
“Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir. Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas”.
Funcionarios llegaban en las noche, con agentes y paramilitares protegidos con tanquetas y vehículos blindados, bajo una tormenta de gases lacrimógenos, disparando perdigones, derribando vallas y rompiendo puertas.
El patrón de actuación incluía la búsqueda de hombres jóvenes de entre 15 y 25 años, calificados como presuntos “guarimberos” o “protestantes”. Se los llevaban sin orden judicial y sin capturarlos en flagrancia.
Fue justamente en abril cuando la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, admitió por primera vez sobre las detenciones arbitrarias de opositores y denunció las constantes violaciones a los derechos humanos. Ortega señaló que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detenían a manifestantes opositores y los entregaban al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) sin describir en qué situación de flagrancia fueron hallados.
De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, 5.376 personas fueron arrestadas arbitrariamente desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre de 2017.
Fuentes: Notimérica; RTVE.
