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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que instale «antes de finales de 2017 una mesa tripartita para fomentar el diálogo social» con empresarios.
Con este ultimátum el Ejecutivo de Venezuela evitó momentáneamente la creación de una «comisión de investigación» que estudiaría la violación de convenios internacionales por parte del régimen. Lo cual se adelantaría en una visita anunciada por esta organización el pasado jueves 9 de noviembre. Sin embargo, este viernes la OIT decidió darle otra oportunidad al Ejecutivo del país suramericano.
La decisión de implementar una comisión de investigación surgió debido a que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) ha denunciado ante la OIT la presunta violación de convenios y ataques intimidatorios que estarían afectando a los empresarios y trabajadores del país suramericano.
Según el texto adoptado, la OIT hace un llamamiento «por última vez» para que en Venezuela se entable «de buena fe» un diálogo «transparente y productivo» con el objetivo de «promover unas relaciones industriales sólidas y estables».
Para el Gobierno de Maduro la decisión del organismo internacional de ofrecer una última oportunidad al régimen de que entable conversaciones con los empresarios y trabajadores para evitar la misión de expertos que viajaría a Venezuela se trata de una «importante victoria» .
Fedecámaras, por su parte, dijo en un comunicado que «es hora de acometer un verdadero diálogo social (…) sin temas políticos, enfocados en la reactivación del aparato productivo, el abordaje estructural de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo del salario y el respeto a la libre iniciativa empresarial».
De no llevarse a cabo este diálogo la OIT podría enviar cuna misión en 2018 para recabar información sobre la actitud del Gobierno en cuestiones de interés económico y salarial.
Consejo de administración de la OIT acuerda Misión de alto nivel a Venezuela en Enero 2018 para revisar incumplimiento los Convenios por parte del Gobierno
— Jorge Roig Navarro (@jorgeroig) November 9, 2017
Y es que Fedecámaras y empresas privadas en Venezuela, en diferentes ocasiones, han alzado la voz ante la OIT, pues más de 570.000 negocios que se encontraban en el país han cerrado sus puertas debido a las políticas de control de precios y cambio y las expropiaciones.
La patronal Fedecámaras ha denunciado ante la OIT que cada uno de los aumentos salariales impuestos por Nicolás Maduro violan convenios internacionales; esto porque la fijación del salario tiene que hacerse en ámbito tripartito, lo que obliga al Gobierno a consultar a los trabajadores y a los representante legítimos del empresariado.
Cabe destacar que el 9 de septiembre de 2016 las centrales obreras de la Unión de Acción Sindical y Gremial en Venezuela acusaron al régimen de Maduro de acoso laboral.
En un informe denunciaron las violaciones del Gobierno a los convenios 87, 98 y 111 sobre libertad sindical, contratación colectiva y no discriminación, respectivamente, citando declaraciones de Maduro a favor de despedir a quienes hayan firmado el pedido de un referéndum revocatorio en su contra.
En agosto de 2016, la principal industria privada de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, denunció ante la OIT ataques por parte del Ejecutivo venezolano.
En esa oportunidad se presentaron todas las pruebas que demuestran el acoso y ensañamiento en contra de la empresa, mediante detenciones arbitrarias de trabajadores, fiscalizaciones con requerimientos desproporcionados, retraso en la homologación de convenciones colectivas acordadas, discriminación en la asignación de divisas para la compra de materias primas e insumos; así como amenazas y campañas de descrédito y difamación contra directivos y trabajadores.
Fuentes: El Nacional, Sumarium.
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