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La Contraloría General de Ecuador abrió una investigación sobre la deuda interna y externa contraída por el gobierno de Rafael Correa, la cual asciende a 42.000 millones de dólares.
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El organismo auditará la deuda obtenida entre el primero de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, tras reportar cinco hallazgos sobre la presunta ilegalidad de las operaciones realizadas y el uso que se le dio a los fondos.
El contralor general, Pablo Celi, anunció que tras las investigaciones los resultados del informe se conocerán en abril y que sus conclusiones no serán vinculantes; explicó que es «más bien un ejercicio de transparencia de la información a la ciudadanía».
«Esta veeduría tiene como propósito observar el proceso, los procedimientos, la metodología llevada adelante por parte de los equipos técnicos de la Contraloría para auditar, en los términos establecidos, la deuda pública interna y externa», dijo Celi.
Celi apuntó que esta será la primera vez que en el país se realice un ejercicio de este tipo, en el que se esclarecerán las condiciones en las que el Gobierno de Correa adquirió deuda pública.
La iniciativa surgió luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, solicitara un informe al organismo contralor tras conocer que existieron algunas operaciones que no se incluyeron en reportes oficiales de la deuda pública.
Cabe destacar que Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013 y, desde su llegada al poder, ha criticado la gestión de su predecesor y le ha acusado de haber dejado un país endeudado.
Por su parte, el expresidente Correa, calificó la auditoría como una «persecusión».
Recién me entero de un supuesto “informe preliminar” sobre la auditoría de la deuda (que ya se había hecho) y de una “comisión de notables”, en la cual hay varios odiadores de la RC, para nuevamente “auditarla”.
Ojalá tod@s tengan claro lo que está pasando. ¡Ya es descarado!— Rafael Correa (@MashiRafael) January 8, 2018
Y es que el contralor Celi reveló al menos cinco hallazgos preliminares obtenidos dentro de la auditoría de deuda. Entre ellos está la declaratoria secreta y reservada de documentación de deuda, y las operaciones de venta anticipada de petróleo que no fue considerada deuda.
Además se investiga el decreto ejecutivo 1218, en el cual se disponía tomar la deuda consolidada como índice de la deuda y no la total.
Asimismo se analiza el convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Finanzas y EP Petroecuador, con el cual se le dio un rol de gestor de financiamiento a la empresa.
Cabe destacar que funcionarios y exfuncionarios fueron notificados al respecto; entre ellos, el mismo Correa, como presidente del Comité de Deuda, y algunos exministros de Economía y Finanzas.
La auditoría fue difundida el lunes 8 de enero tras el anuncio de la conformación de una veeduría ciudadana de expertos en la cual el contralor considera que en la emisión de la deuda presuntamente se buscó evadir el límite constitucional. Para Celi, se puso en riesgo el presente y el futuro del país.
«Este es un principio fundamental de una democracia de representación […] el control público con la participación ciudadana coadyuva a la necesaria transparencia y confianza en la acción pública, fundamental para la legitimidad de la acción estatal».
Según HSB Noticias «las preocupaciones sobre la deuda se acentuaron luego de que el Gobierno de Correa cambiara la forma de calcular la deuda para con ello reducir la relación entre endeudamiento y Producto Interno Bruto (PIB) y así no superar el límite constitucional de 40 %».
En la administración de Correa se modificó la metodología de cálculo y de esta manera se excluyeron, por ejemplo, los deberes del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el endeudamiento interno en certificados de tesorería, lo que le permitió reducir el endeudamiento en al menos 11 puntos porcentuales.
Hasta noviembre de 2017, la deuda consolidada ascendía a 32,2 % del PIB, mientras que la agregada (que incluía todos los compromisos del país) llegó a 46,2 % , una cifra que superaría el límite legal.
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